Italia ha aprobado un Decreto Ley que, entre otras medidas, garantiza indemnizaciones a los concesionarios que tengan inversiones sin amortizar, en el momento en el que el contrato finalice o sean cesados, así como por el fondo de comercio generado durante la actividad del distribuidor.
Además, obliga a que estas uniones tengan una duración mínima de cinco años. Mientras que, en caso de que la dirección de la marca decida que este nexo no continúe superado ese lustro, deberán comunicarlo al inversor al menos seis meses antes de que la relación finalice.
Esta normativa, que supuso incluir diversos cambios en el Decreto Ley nº 68 del 16 de junio de 2022 previo ya es de cumplimiento obligatorio desde el día siguiente a que se publicara en la Gazzeta Uffiziale del 5 de agosto (el equivalente al BOE español). En ella se incorporan diversas disposiciones urgentes para la seguridad y el desarrollo de las infraestructuras, los transportes y la movilidad sostenible, así como en el ámbito de los grandes eventos y para la funcionalidad del Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenible.
Según ha podido saber esta publicación, la garantía de compensaciones para los concesionarios surgió de una enmienda de un partido de la cámara italiana de los que no forman parte del Gobierno, de forma similar a la que puso en marcha el PDeCAT en junio y que retiró solo un mes después en pos del acuerdo entre Anfac y Faconauto para la creación de un texto que satisfaga a ambas partes para su posterior tramitación como Ley de Distribución, unas conversaciones que, según ha sabido este medio, se han producido sin éxito.
Precedente de gran importancia para España
La nueva normativa italiana ha sido recibida con gran satisfacción por parte de los representantes de los concesionarios en España. Los mismos consideran que crea un precedente de gran importancia sobre cómo deben ser las relaciones entre fabricantes y vendedores, y recoge buena parte de las peticiones que los distribuidores solicitan al Gobierno sobre las garantías de seguridad jurídica e inversiones realizadas y que, en la mayoría de ocasiones, atienden a peticiones de las propias matrices.
Así, según ha señalado el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, a La Tribuna de Automoción, «la valoración del marco regulatorio aprobado en Italia no puede ser más positiva». Y señala los puntos por los que considera que es de vital importancia para el sector: «En primer lugar demuestra que, como venimos explicando a los partidos políticos aquí, la indefensión en Italia y en España de los distribuidores frente a los fabricantes era mucho más grave que en el resto de países comunitarios. Solventado el problema allí, ahora ya solo queda que nosotros también corrijamos esta situación».
A lo que añade: «En segundo lugar porque el contenido y los términos de la ley son muy parecidos a los que nosotros hemos propuesto en España. Por ello, esperamos que, a partir de ahora, nuestros políticos vean la necesidad de apoyar a la pyme nacional en un momento muy complicado».
Por todo esto, considera fundamental «la necesidad de reequilibrar las posiciones entre fabricantes y concesionarios y, sobre todo, dar viabilidad al acuerdo de 2011 en que Anfac y el Gobierno de España se comprometieron a que hubiera un marco regulatorio que regulara la relación que nos une».
Ahora, el paso dado en Italia «podría ser el detonante para la generación de uno en España para que las inversiones que hacemos sean absolutamente seguras y podamos avanzar en los retos de futuro que tenemos fabricantes y vendedores».
Garantía de duración del contrato
Según la normativa italiana, Stellantis no podría poner en marcha sus planes con los próximos contratos en su red de marcas generalistas (Peugeot, Citroën, Opel y Fiat, Abarth) una vez finalicen los actuales (el 31 de mayo del curso se pasado se envió el aviso de precancelación, que se hará efectiva a partir del 31 de junio del próximo ejercicio). La voluntad del grupo francoitaliano es que tengan una vigencia de solo tres años, del 2023 al 2026, para entonces dar paso al contrato de agencia en todas sus marcas y concesionarios.
Tampoco se podría haber producido la última renovación que se hizo en Opel, al menos tal y como la hemos conocido, pues entró en vigor en 2020 y en mayo de 2021 recibieron un nuevo aviso de cancelación con dos años de antelación (en este caso, como el resto de las marcas de Stellantis en Europa).
