Anfac y Faconauto celebraron ayer una reunión al más alto nivel en la que, entre los puntos del día, estaba incluido dialogar sobre la Ley de Distribución, que desde hace más de una década exige la patronal de los concesionarios. Sin embargo, en este aspecto, no se produjeron avances al rechazar la asociación de fabricantes el acuerdo, especialmente, en materia de indemnizaciones, según ha podido saber La Tribuna de Automoción.
La primera entidad lo considera innecesario porque estiman que los problemas en las relaciones entre fabricantes y vendedores no son algo generalizado en la automoción a lo que los segundos respondieron que «ese mismo caso [en referencia a la cancelación de contratos de Stellantis] se puede repetir en el futuro, por lo que necesitan garantías para que no se repita».
Según fuentes del sector, los fabricantes revelaron que a ellos «les resultaría difícil poner de acuerdo a sus miembros para exponer una posición común» por la diferencia de intereses que tienen cada uno. Asimismo, recordaron que ellos nunca se comprometieron con el PDeCAT —fue el partido que planteó y retiró una enmienda para conseguir compensaciones a las concesiones que fueran canceladas— a firmar unas bases para una posibles indemnizaciones en caso de cese de contrato.
El encuentro tuvo lugar en la sede de Anfac y, por parte de esta estuvieron su actual presidente, Wayne Griffiths (cargo que ocupa como CEO de Seat y Cupra), y su director general, José López-Tafall. Mientras que de Faconauto acudieron su presidente, Gerardo Pérez, y su vicepresidenta ejecutiva, Marta Blázquez.
Regreso a la vía política
Ante esta situación, la patronal de los distribuidores propondrá a su Junta de Presidentes de asociaciones, órgano de decisión de la agrupación, retomar la vía política. Esta reunión no tiene fecha de convocatoria aún aunque en la última Asamblea General ya se decidió que, en caso de que las conversaciones con los fabricantes no prosperaran, se buscara de nuevo el apoyo de los grupos con representación en el Parlamento, como ya sucedió el pasado 5 de mayo.
En aquella ocasión, las enmiendas 137 y 138 al Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas presentada por el PDeCAT en la figura de Ferran Bel, buscaban una serie de garantías e indemnizaciones para el concesionario en caso de ser cesado. A pesar del apoyo de los distribuidores, se retiró el 22 de junio, horas antes de ser votadas en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, por lo que no formó parte del dictamen previo ni fue presentado en la Cámara para una posible votación.
El motivo esgrimido tras esta acción fue que los principales protagonistas debían lograr un entendimiento en la materia y daba a Faconauto y Anfac «unos cuantos meses» para que llegaran a un acuerdo. El mismo Ferran Bel defendía que «alcanzar posiciones conjuntas es mucho mejor a que actuemos desde la actividad legislativa», aunque matizó que dicho acuerdo también debía ser soportado por normativas.
Entonces ya avisaba de que, «en caso de que en los próximos meses no se concretase y no hubiera ningún avance en cuanto a afrontar los retos que se presentara en el mundo de la distribución del automóvil, el Partit Demòcrat se reserva la posibilidad de volver a presentar estas enmiendas u otras de carácter similar».
En este tiempo, las mismas fuentes de la los distribuidores aseguran que, aunque estaban a la espera de que se produjera este encuentro, que reconocen costó agendar por la reticencias de los constructores, han seguido manteniendo conversaciones con los grupos políticos y afirman que cuentan con el apoyo de los mismos para sacar adelante una normativa que les otorgue la seguridad jurídica y garantías económicas que llevan años solicitando.
