El Ministerio de Industria sigue trabajando en la configuración de la segunda convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y tras los análisis realizados hasta la fecha está casi descartado que entre los beneficiarios del programa de ayudas vayan a estar los vendedores y los talleres oficiales e independientes, según han indicado a La Tribuna de Automoción fuentes del sector.
La exclusión de ambos llegaría después de que la ya exministra de Industria, Reyes Maroto, diese a entender a Faconauto y Ganvam, en la reunión de constitución de la alianza para coordinar el plan, celebrada el 6 de marzo, de que sí entrarían, como apuntaron, en declaraciones a este periódico, la vicepresidenta ejecutiva de la primera patronal, Marta Blázquez, y en un comunicado la segunda organización, en el que valoraba esa intención después de «más de un año» reclamándolo.
Esa confirmación tuvo lugar justo a los cuatro días de que Maroto, en el Congreso de Faconauto, abriese la puerta a incluirlos, enmarcando ese escenario en unas negociaciones que estaba manteniendo en ese momento su equipo en Bruselas para que la Comisión aceptase que se apoyen proyectos individuales en la segunda convocatoria.
A falta de que se oficialice el hecho de dejar fuera del programa a la distribución y la posventa, como sucede con los híbridos, el único posicionamiento público del Ministerio sobre el tema corrió a cargo del comisionado del Perte VEC, José María López, quien, el pasado 29, durante su participación en el foro Wake up! Spain, comentó que se estaba trabajando para ver «si puede haber un encaje», aunque acto seguido matizó que la tarea es «un poco más complicada».
800 millones en subvenciones para el Perte VEC II
La segunda entrega del programa estatal, a diferencia de cómo se había previsto inicialmente, ya no contará con dos convocatorias diferentes más flexibles, una para proyectos de cadena de valor al estilo del primer plan —se iba a lanzar en abril— y otra para individuales —en septiembre-octubre—, sino con una sola conjunta, como avanzó Expansión, citando al secretario general de Industria y de la Pyme, Francisco Blanco, en una información en la que detallaba que habrá una línea específica para la fabricación de baterías y sus componentes.
Este último apartado estará regulado en base al nuevo Marco Temporal de Crisis y Transición aprobado por la Comisión Europea (TCTF, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2025 y contemplará incentivos por país de hasta 350 millones para la puesta en marcha de gigafactorías en las zonas A, las regiones consideradas vulnerables por la UE —aquí entraría la de Envision en Extremadura—, de hasta 200 millones en las C —figura Valladolid, donde Inobat podría montar su fábrica— y de hasta 150 millones en las no asistidas. Además, según declaran a La Tribuna de Automoción fuentes del sector, se podrían beneficiar propuestas de ensamblaje de battery pack, como la que pretende desarrollar Seat en Martorell.
Aparte de esta línea sobre los acumuladores de energía, habrá otra, en función del Reglamento General de Exención por Categorías, para el resto de proyectos, desarrollados en consorcio o en solitario y en los que no tendrán que participar de forma obligatoria pymes —en la primera edición, tenían que representar, al menos, un 40% de la agrupación—.
Según indican a este medio fuentes sectoriales, la voluntad del Ministerio de Industria es que para ambas patas se dediquen «más de 800 millones» en subvenciones, teniendo en cuenta que del Perte VEC I se quedaron sin repartir 1.024,02 millones. Una cuantía sobre la que la cartera comandada por Héctor Gómez aún no ha decidido en qué proporción va a repartirla.
Adicionalmente, el programa destinará una parte para financiación de los 1.157,26 millones que están sin gastar. No obstante, con el presupuesto que se conforme, no se llegará a los 2.181,3 millones en total que no se adjudicaron en la primera convocatoria, y es que una porción del sobrante se va a aprovechar para otros programas de ayudas ministeriales, según aseguran las mismas fuentes.
La orden de bases del próximo plan para la automoción no llegará de manera inminente, toda vez que se requiere el aprobado de Bruselas para los incentivos a las baterías, lo que «tardará». En todo caso, la previsión es que la ventanilla para registrar las solicitudes se abra en junio, como ha indicado el comisionado en una de sus intervenciones.
La expectativas de Industria son de que en el nuevo Perte haya una elevada ejecución presupuestaria a tenor de las múltiples mejoras que se van a introducir, como que el plazo para las inversiones llegue a 2028, que se reduzcan las garantías hasta el 40%, que se apoye el Capex de pymes o que se cubran un 15% de los costes indirectos y fungibles.
Reunión hoy en el Ministerio, con el nuevo titular de Industria
Precisamente, hoy se ha reunido el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, con las asociaciones de automoción —también lo ha hecho con la Alianza por la Competitividad de la Industria Española—, entre los que estaban los responsables de Anfac, José López-Tafall; Faconauto, Marta Blázquez; Sernauto, José Portilla, y Ganvam, Fernando Miguélez.
Una de las cuestiones que se ha planteado por parte de los representantes de la distribución oficial es la posibilidad de que se incluya a los concesionarios en el Perte VEC II. Esta, según ha confirmado el secretario general de Industria y Pyme, Francisco Blanco, tienen que estudiarla con detenimiento, puesto que, en principio, es necesario que haya un componente industrial para poder beneficiarse de este programa de subvenciones y de créditos ventajosos.
Fuentes de Faconauto han señalado a esta publicación que han solicitado una reunión técnica a la mayor brevedad posible para poder profundizar en esta opción ya que este encuentro, que ha durado algo más de una hora, tenía el carácter de toma de contacto. No obstante, subrayan que «la voluntad [del Gobierno para tener en cuenta a los distribuidores] está», pero que hace falta que sea posible.
Durante el encuentro también se han planteado cuestiones como la necesidad de acometer una reforma fiscal que grave el uso, en función de las emisiones, y no la compra de los vehículos. En principio, Gómez, que fue nombrado en sustitución de Reyes Maroto el 27 de marzo, conocía las problemáticas del sector y se ha mostrado abierto a apoyarlo.
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