El diputado del PDeCAT autor de las enmiendas retiradas, que proponían establecer indemnizaciones para los concesionarios que fueran cancelados, Ferran Bel i Accensi, ha adelantado, en declaraciones a La Tribuna de Automoción, que «si, una vez reunidas con todas las partes, viésemos que no hay posibilidad de avanzar en este sentido, es evidente que tomaríamos alguna iniciativa».
En este sentido, ha recordado que «retiraban la propuesta no sine díe, sino para dar un margen a las partes para que se pudieran poner de acuerdo o por lo menos aproximar posiciones y en base a eso realizar una propuesta nueva». No obstante, «el plazo que habíamos dado es de unos pocos meses», unos tiempos que se podrían reducir, «si hablamos con todas las partes y vemos que no hay ninguna posibilidad de nada, seguramente los plazos serán más cortos». En cualquier caso, puntualizó que no se puede resolver «en dos semanas un tema que llevamos años».
Estas apreciaciones del parlamentario catalán, que había aplazado su propuesta legislativa a condición de que ambas patronales pactaran, se producen después de que Anfac expresara, en la reunión que mantuvo con Faconauto este miércoles al más alto nivel, que no estaba dispuesta a negociar un acuerdo en materia de compensaciones a los distribuidores, tal y como adelantó esta publicación en el día de ayer.
Necesidad de hablar con Anfac y Faconauto
Bel i Accensi, que ha reconocido que «es una situación difícil porque cada una de las asociaciones tiene una situación interna complicada», ha señalado que «aún no ha podido hablar con ninguna de las partes y que a la largo de los próximos días o semanas lo harán». «Valoraremos cómo está la situación y en base a eso tomaremos alguna decisión, pero ahora, sin haber podido hablar con ninguna de las partes, es precipitado avanzar cualquier posición», matizó.
El parlamentario ha recordado que, antes de retirar el texto, «había percibido una voluntad de sentarse y de tratar de llegar a acuerdos y esperamos que eso pueda ser porque lo que dije es que, en términos generales, en situaciones como esta, si todas las partes se ponen de acuerdo el legislador legisla en base a esos principios de acuerdo».
De no ser así, «si lo vemos conveniente, tendremos que actuar, nosotros hicimos una propuesta y la retiramos con el ánimo de que las partes pudiesen ponerse de acuerdo o si no, al menos aproximar posiciones. Si no es así, ya dijimos que nos plantearíamos retomar alguna actuación, pero todavía, sin hablar con ninguna de las dos partes, me parece precipitado pronunciarme todavía».
Interés parlamentario por las indemnizaciones a los concesionarios
En cualquier caso, ha declarado que «el resto de grupos parlamentarios también puede matizar o corregir las propuestas y siempre hemos dicho que no es una posición cerrada y que lo que queríamos era generar un debate parlamentario sobre esta cuestión».
Sobre la posibilidad de sacar adelante la enmienda, en caso de volver a plantearla, el diputado ha señalado que, desde que pararon esta iniciativa, no han tenido contacto con otros partidos al respecto, pero que «previamente habíamos hablado con diferentes grupos parlamentarios la necesidad de que se afrontara esta situación y había algunos que la veían con predisposición y otros, que estando de acuerdo, querían hacer alguna propuesta, pero ahora no estamos aún en esta situación».
«Había diferentes grupos que coincidían en la necesidad de actuar legislativamente en este ámbito», subraya, para, sin embargo, remarcar que «no quiere avanzar posibilidades, porque para pronunciarme públicamente [sobre la opción de sacar adelante esta iniciativa] tengo que haberme sentado también con los grupos parlamentarios y tener garantía de que se puede aprobar, y no hemos llegado a ese nivel de detalle».
La Ley de Distribución, un tema arriesgado de tratar
La polémica sobre las relaciones comerciales entre los fabricantes y los concesionarios se remonta, cuanto menos, al 15 de febrero de 2011 cuando el Congreso de los Diputados aprobó la 16º enmienda a la Ley de Economía Sostenible del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que, a propuesta del PNV —apoyada entre otros por el Partido Popular y CiU—, se buscaba equilibrar el esquema de poder entre ambas partes.
Semanas más tarde, y con la mediación del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, después de que los constructores amenazaran con cerrar factorías en España, la normativa se dejó sin efecto con el fin de que marcas y compañías vendedoras alcanzaran un acuerdo para redactar una legislación consensuada, algo que nunca llegó.
