El director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Galo Gutiérrez, ha adelantado que el Gobierno va a flexibilizar la condición de que el 30% de las ayudas de cada iniciativa ligadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado tiene que recaer en las pymes.
La fórmula que ha encontrado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para modificar el compromiso alcanzado con la Comisión Europea, y que contaría con el visto bueno de Bruselas, es tener en cuenta que las empresas grandes subcontratan un porcentaje relevante de la actividad, lo que tiene un reflejo en compañías de menor tamaño, por lo que se puede considerar que, ya de facto, repercuten esa cifra del 30%.
Según ha informado en una intervención en el 26º Congreso de Calidad en la Automoción 4.0, organizado por la Asociación Española para la Calidad (AEC), recogida por La Tribuna de Automoción, este sería el motivo por el que se habría retrasado la publicación en el BOE de la convocatoria, que estaba prevista que se lanzara hace algunas semanas.
Tal y como adelantó esta publicación, esta era una de las principales preocupaciones de los fabricantes, ya que, por ejemplo, en el caso del Grupo VW habían estimado que la inversión de las pymes en su proyecto tractor tenía que alcanzar los 500 millones de euros, cuando estaba inicialmente estaba previsto que fuera de 100 millones.
Además, el Perte, que tiene la intención de que España sea líder en vehículo eléctrico, ya recoge que, al menos, el 40% de los actores en cada proyecto tienen que ser compañías de menor tamaño, así como que impacte en dos comunidades autónomas.
Calendario de ejecución del Perte
Respecto al calendario de ejecución del Perte, una vez que se publicó la orden de bases el 28 de diciembre, el director general ha indicado que la previsión para que salga en el BOE la convocatoria es el mes de marzo —esta publicación adelanta en su último número que será a mediados de mes—, fijándose para mayo la apertura de la ventanilla para que las empresas puedan presentar sus solicitudes. Para ello, se establecerá en torno a un mes de plazo, cerrándose el registro en junio.
A partir de ahí y previa evaluación de los proyectos por parte del Ministerio de Industria, se espera que la resolución definitiva se comunique en diciembre como tarde, aunque como matizó Gutiérrez, la intención es «es tratar de hacerlo a la vuelta del verano, lo antes posible», pero dependerá de que los hitos anteriores se vayan cumpliendo.
Una vez resuelta la convocatoria, el primer pago del plan sería en enero de 2023 y el segundo en diciembre de ese mismo año. Más allá de estas estimaciones, lo que es inamovible, comentó, es que la ejecución de las iniciativas industriales tienen que terminar en junio de 2025 para que el Gobierno pueda presentar a Europa toda la justificación del gasto del programa.
Intensidad de los apoyos
En relación a las características del respaldo del Perte, el director general indicó que el importe máximo al que pueden llegar los préstamos y las subvenciones es del 80% del presupuesto financiable, en lo que entra en juego una novedad muy importante con esta iniciativa y es que las compañías pueden beneficiarse de un umbral de ayuda a fondo perdido un 50% superior a lo regulado en el reglamento de exención por categorías europeo, como adelantó este periódico.
A los participantes se les pedirá una serie de garantías, que serán de un porcentaje determinado sobre el préstamo concedido y en el caso de las subvenciones «de inicio se requerirá un 100%». A la mitad de los proyectos, en septiembre del curso que viene, se hará una evaluación para ver su grado de ejecución y en función del desarrollo se modificarán los avales para el segundo pago, estando la opción de no pedirlos si los avances son «óptimos».
El representante de Industria quiso recalcar que en el análisis que se hará de las solicitudes, aparte de tenerse que cumplir los requisitos de pymes —de que representen un 40% de la agrupación empresarial y que copen un 30% de las ayudas—, entre otros, un aspecto central es que no se cause ningún daño significativo al medio ambiente, porque “es una exigencia comunitaria”. En este sentido, el Ministerio, añadió, está trabajando con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y otras organizaciones “para poder determinar el seguimiento de todo esto”.
Apoyo a las pymes de los fondos europeos
No obstante, Gutiérrez comenzó su intervención comentando que «quiere combatir la idea de que los fondos europeos se los están llevando las grandes empresas», destacando que el componente 13 del Plan de recuperación transformación y resiliencia, que versa del impulso a la pyme cuenta con un presupuesto de 4.894 millones de euros.
Entre las cuestiones que se incluyen en esa línea, está la pretensión de aumentar el tamaño de las empresas, facilitar la creación de compañías y ganar competitividad, según ha expuesto el director. Además, recuerda que la actividad de las grandes entidades tiene un efecto tractor que repercute en toda la cadena de valor.
