Tras las pasadas elecciones europeas, el segundo mandato de Von der Leyen parece estar enfocándose de forma más patente en escuchar a la industria de la automoción, como demostró el hecho de iniciar un Diálogo Estratégico con algunos de los actores principales del sector. Fruto de este debate, la Comisión Europea ha concretado un Plan de Acción que trata algunos de los puntos que más preocupaban a las empresas, pero también se ha quedado tibio en otros.
Sin duda, es motivo de celebración el hecho de que el organismo haya comprendido la necesidad de flexibilizar la normativa CAFE y que vaya a impulsar una enmienda al reglamento que, previa votación por parte del Parlamento y el Consejo europeos, permitirá a los fabricantes un margen de tres años en el que, si no logran llegar a los nuevos límites en un inicio, puedan compensarlo durante el resto del plazo. Así podríamos estar ante la solución a un problema que ha tenido en vilo a los constructores durante el ultimo año.
Y es que, cuando se pusieron los objetivos, en 2019, se esperaba una evolución del VE que, finalmente, no se ha dado y no se puede castigar a las empresas, que sí han cumplido invirtiendo en el producto (aunque no han logrado que sean del todo accesibles para el público en su mayoría), sino que ha sido el mercado el que no acompaña.
No es tolerable que se dedique un año a trabajar en detectar las «mejores prácticas» en ayudas al VE. Es crítico realizarlo en pocos meses
En este sentido, también son muy necesarios, y esperados por el sector, los incentivos al eléctrico. Sin embargo, en este campo la Comisión no ha estado a la altura de las expectativas, ya que donde se pensaba que habría un paquete de medidas paneuropeo, finalmente solo hay una hoja de ruta de cara a 2026. La UE no se puede plantear este tema clave a un año vista; aunque ya no hay tanta urgencia por la cuestión de las multas, se debe avanzar de manera decidida hacia la electrificación para alcanzar la meta de 2035, cuando solo se podrán vender nuevos cero emisiones, por lo que no es razonable que a estas alturas se dedique un curso a trabajar en las «mejores prácticas».
Es crítico realizar este proceso en pocos meses y aplicarlo en el corto plazo para que sea razonable y para romper la Europa a dos velocidades. Al menos ha sido un acierto incluir un leasing social, una medida que ya demostró su efectividad tras impulsarse en Francia en 2024, si bien el exceso de peticiones causó que se terminara muy pronto su presupuesto.
Veremos cómo evoluciona llevado a un plano superior. En cuanto a las flotas, también es un avance relevante que se presente una legislación, pero se deben fijar objetivos para acelerar la electrificación, ya que ocupan gran parte del mercado. Asimismo, debería ir acompañada de apoyos fiscales.
El plan, aparte de enfocarse igualmente en el vehículo autónomo y conectado, un aspecto necesario, lo hace, lo que es más vital, en la inversión en baterías —se movilizarán 1.800 millones—, donde el continente va con retraso respecto a China y no está mejorando, como demuestra la quiebra de Northvolt, que era la gran apuesta europea.
