Desde que se anunció la propuesta de la Euro 7 como normativa de emisiones que sustituiría, a partir de julio de 2025, a la actual Euro 6/VI, ha recibido numerosas críticas y posiciones en contra, especialmente por parte de los fabricantes, que consideran que se incrementarán demasiado sus costes sin que por ello se consiga un impacto importante en el medio ambiente.
Muestra de ello es la reciente iniciativa de ocho países europeos, Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, que enviaron un documento conjunto a otros países de la UE, en el que pedían revisar los límites de emisiones de escape planteados por la Euro 7, por considerarlos poco realistas y demasiado ambiciosos para la industria del automóvil.
Este movimiento comenzó a gestarse el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno checo organizó una reunión entre varios estados miembros con el fin de formar un frente común contra la iniciativa comunitaria.
El documento refleja la oposición de estas naciones a «cualquier nueva norma sobre emisiones de
escape (incluidos nuevos requisitos de prueba o nuevos límites de emisión) para automóviles y furgonetas», además de considerar «demasiado corto» el periodo de adopción de la regulación.
Respecto a este último aspecto, la Euro 7, que se votará en el Parlamento Europeo a finales de este
curso, contempla su entrada en vigor a mediados de 2025, cuando se aplicará a los vehículos y furgonetas; en el caso de los camiones, la fecha será 2027.
Por el contrario, el ministro de Transporte de Chequia, Martin Kupka, propone…
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