La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que «la semana que viene», que se celebra el Consejo de la UE el 28 de junio, «no creo que haya cambios» en relación a la postura de prohibir la venta de vehículos ligeros térmicos en 2035, aprobada en el pleno del Parlamento Europeo y pendiente de la ratificación del órgano comunitario formado por los estados miembro para ser prácticamente definitiva.
Ese día tendrá lugar el Consejo de la UE con los ministros de Medio Ambiente, que pondrán en común la decisión tomada internamente en cada Gobierno para alcanzar la postura de consenso de este organismo comunitario. Esto significa que el 55 % de los Estados miembros (lo que en la práctica significa 15 de los 27 integrantes) dé luz verde y que los países favorables a la propuesta representen al menos el 65% de la población total. Tras ello, comenzarán los trílogos con la Comisión y el Parlamento –ambos con sus propuestas legislativas al respecto ya definidas– para llegar a un acuerdo definitivo, proceso que se podría prolongar hasta otoño.
Según fuentes consultadas por este medio, y como aparece en el último número de La Tribuna de Automoción, las negociaciones dentro del Consejo serán difíciles, porque muchos Estados aún no han decidido su posición y, además, el próximo 1 de julio asumirá la presidencia de la institución República Checa, uno de los más fervientes defensores de retrasar el veto a las mecánicas de combustión.
Las mismas fuentes adelantaron que España y Francia, aunque no lo han hecho oficial todavía, ambas apoyarán los plazos propuestos en el Fit for 55. De nuestro país se esperaba, por las pistas que ha ido dando el ministerio de Teresa Ribera al respecto, pero lo de los galos sorprende, pues la única manifestación pública de Macron al respecto fue a favor de retrasar la decisión de 2035.
Alemania duda si ratificar la prohibición para 2035
Las otras dos grandes potencias, Italia y Alemania, ya habían confirmado abiertamente que refrendarán ese punto clave de la reforma legislativa. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, el pasado martes, hacen dudar sobre si su apoyo ocurrirá finalmente.
Lindner afirmó que aún habría nichos para los motores térmicos, por lo que una prohibición total sería un error y su Ejecutivo no estaría de acuerdo con ella. Esta afirmación choca con la doble confirmación que desde su Ministerio de Medio Ambiente, que en la coalición gubernamental corresponde a los Verdes, ha hecho en los últimos meses.
Primero, la titular de la cartera Steffi Lemke confirmó en la última reunión en el Consejo de la UE que apoyaban el borrador de la Comisión en todos sus puntos. Después, durante un evento de Transport & Environment, su secretaria de Estado de Medio Ambiente, Christiane Rohleder, reiteró la necesidad de que el veto en 2035 a los coches y furgonetas de combustión saliera adelante.
¿Adelantar el veto a los coches gasolina y diésel?
En el encuentro organizado por Nueva Economía Forum, Ribera ha remarcado que, en el Parlamento Europeo y en los Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (Coreper), el debate no fue si era conveniente limitar la comercialización de este tipo de coches y furgonetas, sino que «se centraba en si la fecha de abandono era 2035 o se adelantaba».
Sin embargo, sí se rechazó una enmienda del grupo popular en la que se fijaba para mediados de la próxima década la limitación de la reducción de las emisiones a un 90% en lugar del 100%, como finalmente se acabó aprobando con holgura.
De cara al futuro, la vicepresidenta tercera ha afirmado que «nos estamos preparando para prescindir de los motores de combustión», para que no suponga problemas para la industria, que ha afrontado circunstancias excepcionales, «con una tendencia a la contracción de la demanda en un contexto de incertidumbre como es este y de cuellos de botella en la cadena de valor».
No obstante, la ministra ha destacado que «la Global Mobility Call ha puesto de manifiesto que el sector es más que las firmas señeras de producción de coches que, además, ya están orientando la producción en nuestro país hacia los modelos eléctricos, así como a la instalación de gigafactorías, por lo que hay que fijar «un marco regulatorio que incentive o acompañe que esto se pueda producir de manera sencilla».
Esta nueva época también irá marcada por «un crecimiento exponencial de la infraestructura de carga en los próximos meses y hemos observado anuncios muy potentes para instalarla masivamente en nuestras carreteras», un interés que se ha manifestado en que «prácticamente todas las comunidades» han agotado sus líneas del Plan Moves III y han demandado nuevos fondos.
