El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado hoy en el BOE la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC) , tal y como se comprometió el miércoles la responsable de esta cartera, Reyes Maroto.
A la vez, el texto incluye la modificación de las bases reguladoras del 23 de diciembre de 2021, para incluir, por ejemplo, la flexibilización de la cláusula por la cual el 30% de las ayudas de cada iniciativa la tenían que recibir las pymes, tal y como adelantó esta publicación.
Para ello, además de contabilizar la ayuda concedida a la pequeña y mediana empresa que pertenezca a la agrupación que presenta el proyecto tractor, se incluye el impulso que reciba una compañía, que no siendo integrante de ese núcleo, sea directamente contratada por otra que sí forme parte.
Entre las principales novedades que incluye la convocatoria se encuentra que el plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 1 de abril y finalizará el 3 de mayo, para un programa en el que los tipos de interés serán del 0% —unas condiciones muy relevantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Reserva Federal estadounidense ha anunciado la primera subida de tipos desde 2018—, con un plazo de amortización de 10 años y un periodo de carencia de tres. Los beneficiarios podrán elegir si solicitan una subvención, un préstamo reembolsable o una combinación de ambos.
Un 52,1% del Perte del eléctrico en ayudas a fondo perdido
No obstante, ya en las bases se establecía que de los 2.975 millones de euros, que se imputarán a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y 2023, 1.550 (un 52,1%) se reservan para subvenciones y 1.425 (47,9%) para préstamos.
Para acceder a la financiación o a las subvenciones, hay que aportar por cada proyecto primario y entidad beneficiaria dentro de la agrupación una serie de garantías, que tienen que constituirse y justificarse con resguardo antes de la resolución de la concesión de la ayuda, con un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de su requerimiento.
En el caso de solicitar préstamos, antes de que la administración resuelva quiénes son los beneficiarios se deberá presentar una aval del 20% del dinero propuesto para el primer desembolso (se prevé para enero de 2023, una vez dictada la resolución entre octubre y noviembre), mientras que si se trata de un incentivo a fondo perdido se pide el 100%.
Una vez que llegue la hora del segundo pago (la norma dicta «a lo largo de 2023», pero está previsto que sea en diciembre, condicionado a la presentación antes del 15 de septiembre de un estado de situación del proyecto), y nuevamente con carácter previo, habrá que presentar garantías adicionales, cuyo importe depende del grado de avance en cada capítulo en el que se participa en el Perte.
En este sentido, considerando tres franjas de ejecución, inferior al 30%, entre el 30% y el 50% y superior al 50%, se establece para los créditos un 20% o un 100% y para las subvenciones un 0% , un 10%, un 20%, un 50%, un 60%, un 80% y un 100%.
Tres meses menos para la ejecución del proyecto
Para la realización de las actuaciones, y que sean financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud, el plazo que se ha fijado es el de 30 meses desde la fecha de resolución de la concesión o que se alcance el tope del 30 de junio de 2025. Este último límite es nuevo respecto a la orden de bases, en donde se establecía el 30 de septiembre de ese mismo año —esa fecha es la elegida ahora para la justificación de los proyectos—. El adelanto de tres meses obedece a la necesidad del Ministerio de Industria de contar con tiempo suficiente para presentar a la UE todos los detalles de la justificación del gasto del programa dentro de los tiempos que se han marcado.
En relación al presupuesto financiable mínimo, para los proyectos tractor se ha estipulado en 10 millones de euros, mientras que dentro de ellos en las iniciativas denominadas primarias asciende a 500.000 euros en los capítulos de fabricación de equipos originales y ensamblaje, de baterías o pilas de hidrógeno y de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado. A su vez, es de 100.000 euros en las de producción de componentes del vehículo inteligente y de sistemas de carga y en las de conectividad del VE.
Por su parte, no hay cuantía para las de economía circular, digitalización y formación y reciclaje profesional. En total, las ayudas, bien sean préstamos o subvenciones no reembolsables, podrán cubrir un máximo del 80%, excepto en las línea de ayudas regionales a la inversión que será de un fijo del 75%.
Dentro del apartado de puntuación de los proyectos, cuyo máximo es 130 —en algunos capítulos se establecen parámetros mínimos que de no alcanzarse se rechazaría el proyecto—, además de la flexibilización del efecto tractor sobre las pymes en la cadena de valor, el Ministerio ha incluido el «compromiso de generación de nuevos puestos de trabajo en la cadena de valor», teniendo en cuenta, «especialmente la creación de empleo de mujeres en los que estén infrarrepresentadas» o que estén en «situación de vulnerabilidad».
