viernes, 8 de mayo de 2026 - 11:30:08
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Los fabricantes europeos piden ampliar los ‘supercréditos’ de los minicoches al resto de ligeros para minimizar el impacto del ‘made in Europe’

Aunque el sector respalda el objetivo político del plan, advierte de que la propuesta, tal y como está planteada actualmente, podría aumentar los costes de fabricación, generar una carga burocrática «masiva» y debilitar la competitividad de los fabricantes europeos frente a rivales de China y Estados Unidos.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, presentó la Ley de Aceleración Industrial (IAA).
El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien presentó la Ley de Aceleración Industrial (IAA).

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) pide ampliar los llamados supercréditos a todos los coches y furgonetas eléctricas fabricados en la UE (y no solo a los M1E), además de esquemas de apoyo financiero directo para municipios y operadores públicos que compren autobuses y camiones europeos, para compensar los costes de localización industrial que supondrá el futuro Industrial Accelerator Act (IAA).

Y es que la patronal ha publicado un documento en el que expresa sus reservas sobre esta iniciativa, con la que la Unión Europea pretende reducir su dependencia tecnológica de terceros países y acelerar la producción local de componentes estratégicos, especialmente baterías.

Los riesgos de la norma

Uno de los principales avisos lanzados por el sector tiene que ver con el impacto económico que podrían suponer estas nuevas exigencias, explica que implicarían inversiones multimillonarias y costes de producción más elevados, precisamente en un momento en el que el mercado europeo intenta abaratar procesos y acelerar la adopción masiva del VE mientras compite con modelos asiáticos más baratos. También cuestiona si las administraciones públicas tendrán capacidad presupuestaria para asumir el aumento de costes derivado de las nuevas exigencias.

Asimismo, ACEA teme un fuerte incremento de la carga burocrática al tener que demostrar el origen de miles de componentes procedentes de cadenas globales de suministro. «La ley corre el riesgo de convertirse en un Industrial Administrative Act», ironiza al respecto. Por ello, pide procedimientos simples y auditables, además de reglas claras sobre cómo se aplicarán las normas de origen.

Finalmente, los fabricantes consideran que la propuesta ignora las particularidades de autobuses y camiones, cuyos ciclos de desarrollo son más largos y complejos que los de los turismos. Además, advierte de que el sector europeo del autobús ya se encuentra bajo una fuerte presión de competidores extracomunitarios, especialmente chinos, y teme que la futura normativa llegue demasiado tarde.

Previsiones demasiado optimistas

«Sin energía más barata, permisos más rápidos y apoyo a la inversión, la producción de baterías en la UE no escalará lo suficientemente rápido para cumplir con las ambiciosas suposiciones de contenido local incorporadas en la propuesta», señaló.

En este sentido, los fabricantes consideran que el texto se basa en previsiones demasiado optimistas sobre la capacidad industrial real de Europa y alerta de que todavía faltan definiciones esenciales para evaluar el impacto de la norma. Entre ellas, cómo se determinará qué es «acero bajo en carbono» o «aluminio verde», así como qué deberá entenderse exactamente por «fabricado en la Unión Europea».

«Sin estas aclaraciones, ni los colegisladores ni la industria pueden evaluar la viabilidad de cumplir con los umbrales propuestos», sostiene la organización.

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