Euroconsult Nuevas Tecnologías ha criticado en su informe 'Sombras que salen caras, medir bien para invertir mejor' el rigor del último estudio elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), al considerar que su metodología de videoanálisis basado en IA genera numerosos «falsos positivos» que podrían inflar las necesidades reales de inversión en conservación.
Un elemento que cobra vital relevancia luego de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya anunciado una partida de 1.629 millones de euros del Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado entre 2027 y 2031, con un promedio anual de 325 millones.
Este documento de la AEC indica que se necesitan 4.721 millones de euros de inversión en la red estatal. Sin embargo, estas cifras varían bastante en otras investigaciones, como la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras (Seopan), que reclama 1.458 millones anuales. Aun así, otros la elevan «hasta los 14.000 millones», según el director general de Euroconsult Nuevas Tecnologías, Leonardo Benatov. De esta manera, considera que «hace falta criterio, rigor y hacer las cosas de una manera científica y objetiva», ya que estos informes pueden influir en las acciones de las Administraciones.
«Hay que determinar cuánto y dónde invertir, pero siempre de acuerdo con metodologías rigurosas basadas en criterios técnicos y no en pruebas visuales imprecisas», señaló el directivo.
Entre los errores detectados, Euroconsult identifica casos en los que el algoritmo interpreta como desperfectos sombras proyectadas por árboles o tendidos eléctricos, reflejos del parabrisas, marcas viales, cambios de tonalidad del asfalto por reparaciones previas o incluso fisuras ya selladas y reparadas. Según la compañía, este tipo de distorsiones puede alterar la priorización de actuaciones y condicionar de forma errónea las decisiones presupuestarias en materia de mantenimiento viario.
La ingeniería cuestiona especialmente que este tipo de análisis automatizados puedan sustituir a la auscultación técnica sobre el terreno, basada en equipos de alto rendimiento y parámetros objetivos como regularidad longitudinal, resistencia al deslizamiento, deflexión estructural o estado real de fisuración del firme. «Hay un parámetro fundamental para la reparación de una carretera, que es medir su capacidad estructural», algo que «ninguna» inteligencia artificial «puede hacer», afirmó Benatov.
Según el documento, las herramientas de inspección visual e IA pueden resultar útiles como apoyo inicial o para ampliar cobertura, pero no permiten determinar con precisión el estado de una carretera ni evaluar la gravedad real de las patologías detectadas. Además, Euroconsult subraya que muchos de estos sistemas carecen de información verificable sobre los criterios de clasificación utilizados por los algoritmos. «Necesitamos periodos de entrenamiento superiores a seis meses para que la inteligencia artificial sea capaz de alcanzar niveles de precisión como los de una persona», añadió el director general.
Otra de las problemáticas de el informe de la AEC es que utiliza una muestra de 4.000 kilómetros, cuando la red total de carreteras de España supera los 100.000 km. Aun así, este es uno de los estudios sobre el estado de las vías que se sirve de unos datos más amplios.
Mantener una vía es 10 veces más barato que repararla
Por otro lado, la compañía incide en que «mantener una carretera en buen estado puede resultar hasta diez veces más económico que reconstruirla», por lo que reclama que los nuevos pliegos de conservación sigan priorizando el rigor técnico frente a la mera reducción de costes y, así, aumentar su eficiencia. A su vez, añaden que el coste medio del mantenimiento de un kilómetro de vía es de 120.000 euros y el de reconstruirlo puede ser de hasta un millón, mientras que un diagnóstico técnico de precisión conlleva únicamente entre 200 y 300 euros.
Según sus datos, España destina actualmente alrededor del 1,3% del valor patrimonial de su red viaria al mantenimiento, por debajo del mínimo del 2% recomendado por organismos internacionales como el Banco Mundial.
