Una de las próximas iniciativas que presentará Bruselas es la Ley de Aceleradores Industriales (IAA), cuya presentación se ha retrasado ya en dos ocasiones (ahora al mes de febrero) y es que esta incluiría un componente Made in Europe, que serviría para asegurar que las inversiones públicas y privadas estratégicas estén vinculadas al uso de componentes manufacturados en la UE y al empleo comunitario, contribuyendo a reactivar industrias que enfrentan una fuerte competencia de China y Estados Unidos.
No obstante, este elemento estaría causando controversias, ya que algunos expertos advierten de que podría distorsionar la competencia dentro del mercado único, beneficiando especialmente a países con estructuras industriales más desarrolladas, como Francia y Alemania. Por esto, la Comisión Europea ha pedido a los líderes empresariales de la industria pesada que respalden dicha medida, según una carta nombrada por Euronews.
En esta misiva, que cuenta con el país galo como impulsor, el vicepresidente y comisario francés responsable de la prosperidad y la estrategia industrial, Stéphane Séjourné, advierte que «el retorno de las relaciones económicas basadas en el poder —a través de aranceles aduaneros, subvenciones masivas, restricciones a la exportación y competencia desleal— deja a Europa con una elección clara: o nos dotamos de una política industrial ambiciosa y pragmática, o aceptamos una erosión gradual de nuestra base industrial, nuestro know-how y nuestra soberanía económica». «Siempre que se utilice dinero público europeo, debe contribuir a la producción europea», subraya la carta, que insiste en la necesidad de que Europa siga siendo una potencia industrial y no un «mercado pasivo».
Dentro de esta línea se enmarca también la propuesta legislativa que será presentada próximamente y que establecería requisitos mínimos de contenido europeo para la contratación pública de tecnologías verdes, con el objetivo de que «la transición climática se convierta en un motor de prosperidad industrial y no en una fuente de desindustrialización», según un borrador citado por Reuters.
Así, el plan establecerá nuevas normas de aprovisionamiento para la adquisición pública de baterías y vehículos eléctricos, además de componentes de energía solar y eólica. En concreto, los sistemas de baterías adquiridos mediante contratación pública deberán, 12 meses después de la entrada en vigor de la ley, ensamblarse dentro de la UE, con el sistema de gestión de baterías y al menos otros dos componentes obtenidos en el bloque. Las exigencias se endurecerían tras dos años, requiriendo que el sistema de baterías se fabrique en el continente junto con un mayor número de componentes principales, incluidas las celdas.
De esta manera, Bruselas busca reducir la dependencia de China, que domina la producción de paneles solares y baterías. El borrador califica la situación como una «señal de advertencia estratégica», destacando que la cuota de la UE en el valor bruto de la industria global cayó del 20,8% al 14,3% entre 2000 y 2020.
La propuesta también prevé...
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