El director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Miguel Rodrigo, como representante del Ministerio para la Transición Ecológica, ha señalado que reciben «con cautela, a la espera de conocer el detalle, la propuesta de Ursula von der Leyen de cambios en el reglamento de emisones de CO2 de vehículos ligeros» (CAFE), que implica la introducción de un sistema de créditos a tres años para que las marcas puedan cumplir con su objetivo con sus resultados de 2025, 2026 y 2027 combinados, permitiendo compensar un exceso en uno o dos de estos años con un ajuste mayor en los restantes.
En una jornada organizada por Aedive y Europa Press sobre la electrificación de la economía española, el responsable del organismo público —ha sustituido a última hora, por temas de agenda, al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard— ha comentado que, en todo caso, creen que «una mayor flexibilidad en la metodología de cumplimiento y reporting por parte de los fabricantes debe redundar en un compromiso reforzado del sector para acelerar las inversiones en electrificación y promover el despliegue del vehículo eléctrico, especialmente entre los usuarios de rentas moderadas».
A partir de este último matiz, añadió: «No olvidemos que este año el Gobierno tendrá que publicar un Plan Social para el clima, en el que el transporte tendrá un papel importante».
En contra de una rebaja de «la ambición de los objetivos de emisiones de CO2»
Después de asegurar que en el deber de «las administraciones de acompañar al sector para asegurar una transición justa para empresas y trabajadores, podemos promover instrumentos de flexibilidad si no modifican el rumbo final [marcado por las legislaciones]», Rodrigo expuso que «la apertura del reglamento —2019/631— que tantas dificultades arrastró en la anterior legislatura comunitaria no puede, en ningún caso, suponer una rebaja de la ambición de los objetivos de emisiones de CO2 ni desarticular instrumentos de implementación que aceleren la transformación del tejido productivo».
El posicionamiento de Transición Ecológica llega después de que el ministro de Industria, Jordi Hereu, señalase en el Foro de Anfac, el 20 de febrero, que la decisión del Gobierno sobre si se apoya la flexibilización de la normativa de emisiones CAFE «está en discusión»; mientras que hoy, en el Congreso de Faconauto, tras la publicación de la Comisión Europea del Plan de Acción de la automoción en el que se incluye la medida, ha concretado que «la música suena bien», aunque «esto se tiene que aprobar aún».
«Si hablamos de neutralidad tecnológica, el eléctrico es la opción más eficiente y asequible»
Una vez introducidas esas advertencias, subrayó que ofrecen «diálogo constante para acompañar a la industria con la vista al horizonte para 2035, fecha en la que los vehículos de combustión saldrán de los concesionarios europeos». En este sentido, y respondiendo al planteamiento de la Comisión Europea de que van a trabajar para revisar el objetivo en ese último año «con la plena neutralidad tecnológica como principio fundamental», apostilló que «siempre insistiremos de la mano de la evidencia científica y también cuando hablamos de la neutralidad tecnológica sabemos que el eléctrico es la opción más eficiente y asequible para descarbonizar el transporte rodado».
Sin embargo, puntualizó que «debemos apoyar la innovación y la investigación en desarollo de soluciones para aquellos sectores donde la electrificación no es viable, donde el hidrógeno puede tener un recorrido». De todos modos, sentenció que eso, ni mucho menos, significa que el vehículo eléctrico «está en discusión».
«Optimismo moderado con las Zonas de Bajas Emisiones»
Por otra parte, el director del IDAE declaró que el coche cero emisiones es «una pieza clave de la movilidad sostenible pero no la única, puesto que buscamos el cambio modal; y en este sentido las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son especialmente importantes». Tras recordar que en la «Ley de Cambio Climático se fijó la obligación a los municipios de más de 50.000 habitantes de implementarlas antes del 1 de enero 2023», destacó que han visto «con preocupación cómo muchas ciudades arrastraban los pies a la hora de cumplir con la normativa, pero recibimos con optimismo moderado la evolución de 2024 y el fuerte impulso que prevemos en 2025».
«A finales del año pasado, solo 20 tenían ZBE y ahora ya son 49 y esperamos que haya 98 más a lo largo del curso que están en trámite», precisó, añadiendo que el optimismo es moderado porque «la implementación eficaz no supone solo una declaración nominal, sino que luego tiene que haber una ejecución correcta».
Así, expuso que «deben ser ambiciosas en perímetro y extensión, y contar con mecanismos sancionadores que restrinjan de manera eficaz la entrada de los vehículos más contaminantes».
Impacto de 11.000 millones anuales de PIB
En la jornada informativa, la asociación para la movilidad eléctrica (Aedive) ha presentado un informe en el que se concluye que los 60.000 millones de euros previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec) para electrificación en España podrían generar más de 11.000 millones anuales de PIB en la industria de la movilidad, haciendo crecer un 1,94% cada año la economía durante el próximo lustro.
Si se lograse el objetivo de matricular a 2030 hasta 5,5 millones de vehículos eléctricos, se reducirían en unos 14.000 millones las importaciones de combustibles fósiles en el país, el equivalente al 1% del PIB cada ejercicio, lo que supone «liberar recursos para potenciar tanto el consumo como la inversión de empresas y ciudadanos y, en consecuencia, generar más riqueza y empleo», según subrayó el director general de la patronal, Arturo Pérez de Lucia.
Por otro lado, la consecución de la meta implicaría un impacto industrial de unos 30.800 millones de euros cada año y generar cerca de 6.200 millones de ingresos públicos.
