El presidente de la Alianza de Distribuidores y Reparadores de Automóviles Europeos (Aecdr, en sus siglas en inglés), Gerardo Pérez, ha indicado que el sector de la distribución del Viejo Continente se enfrenta a «tres grandes retos», como son «una presión legislativa brutal como nunca antes [para la transición hacia la electrificación]», la exigencia de que «nos hagamos más fuertes e internacionales, cambiando el paradigma de las relaciones del mercado a una velocidad inasumible» y la implantación de «un nuevo modelo de contratos hacia el de agencia, que está implicando grandes problemas por falta de seguridad jurídica en la legislación vigente».
Durante su intervención ayer —a las 22:00 horas españolas— en el Congreso de la NADA, la asociación estadounidense de concesionarios, en una mesa redonda con otras patronales internacionales, el directivo comentó que, dentro de un contexto de matriculaciones al que le «queda camino por recorrer hasta recuperarnos del importante golpe de 2020 con la pandemia», la «primera preocupación» es la «polarización» que se está experimentando con la llegada del coche eléctrico entre el norte y el sur de Europa. Así, explicó que mientras los estados nórdicos y Alemania «se están caracterizando en fomentar una aceleración efectiva en su implantación y la de los puntos de carga», en la mayoría de los meridionales «el contexto difiere enormemente».
«Proporcionalmente y teniendo en cuenta la extensión del territorio de cada país, así como los recursos de los que dispone o las prioridades del momento, tenemos el deber de recordar más que nunca que es improcedente tratar de forma igual a los que son diferentes; evitando ahondar en una separación entre regiones», subrayó Pérez, que añadió que desde la patronal van a «seguir incidiendo en las instituciones para conseguir que la regulación de los objetivos sea cómplice y reflejo de los diferentes situaciones reales».
Las consecuencias de la cancelación de los contratos
En cuanto al reto relativo a la evolución hacia la figura del agente genuino y no genuino, puntualizó que «lo más preocupante para la red no es solo comprender las competencias a las que quedará relegada; sino entender bien cuáles serán las implicaciones reales del cambio de modelo en la relación entre fabricante e intermediario y cuáles serán las consecuencias para aquellas concesiones que no tengan siquiera la oportunidad de adaptarse a ese nuevo escenario por cancelación de la marca».
En este sentido, enfatizó que, «desde hace años, los miembros de la Aecdr —representa a más de 57.000 distribuidores con un dos millones de empleados directos y más de 10 millones de ventas anuales de vehículos nuevos— hemos estado promoviendo una regulación clara de aplicación en todos los países europeos que garantizara la protección de los que vieran cancelados de manera unilateral sus contratos y que, a día de hoy, no ven cubiertos ni sus fondos de comercio, ni las indemnizaciones a su personal laboral, ni las inversiones no amortizadas».
De momento, indicó que existe «un caso de éxito en el derecho a una indemnización justa» como el italiano, mientras que «Francia se encuentra inmersa en ese mismo camino, variando levemente la forma»; y «en España nos hallamos igualmente en este último tramo hacia la protección del concesionario».
Por lo demás, otro frente que destacó el también presidente de Faconauto en el que están invirtiendo tiempo es el del «tratamiento y la gestión del dato», cuestiones nucleares en el desarrollo de la digitalización y la conectividad en el sector de la automoción.
