El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado a consulta pública el proyecto de Real Decreto, que establecerá los requisitos mínimos de las Zonas de Bajas Emisiones, en el que incluye que los municipios deberán informar a la Dirección General de Tráfico sobre su «contorno, horarios si los hubiera y vehículos permitidos en base a su etiqueta ambiental», entre otras cuestiones.
Posteriormente, la DGT suministrará estos datos mediante «los navegadores, vehículos y resto de agentes del ecosistema de la movilidad a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico», según consta en el texto compartido el 21 de abril —la consulta estará abierta hasta el 13 de mayo—, por el Ministerio dirigido por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, publicada el 21 de mayo en el BOE, incluía en su artículo 14 que los territorios insulares, los municipios de más de 50.000 habitantes o los que superen los 20.000, que tengan problemas de contaminación tienen la obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023.
Para este fin, que afectará a 149 localidades, se creará un Real Decreto, que permita unificar las condiciones y dar seguridad jurídica, algo que ya se impulsó con las directrices que adelantó la cartera de Ribera, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias el 19 de noviembre.
Tráfico apoyará a los municipios más pequeños
Además, el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Jorge Ordás, adelantó que Tráfico apoyará a los municipios «que no tengan experiencia en implantar dispositivos en carretera para controlar las restricciones».
Para ello, «podemos colaborar creando una norma técnica de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), que diga exactamente las condiciones de ese control. Por ejemplo, cómo tienen que ser las cámaras, cuántas fotos tienen que tomar, las características de fiabilidad de los dispositivos», según adelantó Ordás, durante el III Observatorio de la Movilidad Sostenible, organizado por la Fundación Ibercaja y Grant Thornton y recogido por La Tribuna de Automoción.
Las Zonas de Bajas Emisiones afectarán progresivamente a los vehículos B y C
Otras cuestiones que se recogen en el anteproyecto de Real Decreto son que los Ayuntamientos deberán someter, al menos a 30 días de consulta pública las ZBE, que «afectará prioritariamente a los vehículos A [los que no tienen etiqueta], y progresivamente a los B y C» y fijar objetivos cuantificables, que serán supervisados a los cuatro años de establecerse.
Además, «las entidades locales velarán por disponer de instrumentos que faciliten la cesión de suelo público en zonas urbanas […], a fin de facilitar la instalación de puntos de recarga o suministro de combustibles limpios como el hidrógeno, a las empresas operadoras en condiciones de concurrencia competitiva y transparencia. En las ZBE deberá existir una red mínima de recarga».
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