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El Gobierno destinará 3.000 millones para el Perte del vehículo eléctrico

El proyecto tractor, que se aprobará, previsiblemente, en Consejo de Ministros a mediados de julio, contará con cerca de 1.500 millones de euros en ayudas a fondo perdido para empresas y otros 1.500 millones en préstamos. Estas cuantías representan un 65% del presupuesto que el Ejecutivo va a reservar para el desarrollo de “dos o tres Perte”.

Presupuestos Automoción
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Archivo.

El Gobierno va a destinar para el desarrollo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado alrededor de 3.000 millones de euros en los próximos tres años, según han informado a La Tribuna de Automoción fuentes del sector.

De esa dotación, entre 1.400 y 1.500 millones corresponderán a ayudas a fondo perdido, mientras que otros cerca de 1.500 millones se movilizarán en forma de préstamos. Ambas partidas se pondrán a disposición de las compañías a través de un programa de incentivos específico para esta iniciativa industrial vinculada a la automoción, que, tras la aprobación de unas bases y una convocatoria, estará vigente, previsiblemente, “entre octubre y noviembre”, con un enfoque “probablemente plurianual”, es decir, los pagos se irán liberando a los beneficiarios en el periodo 2021-2023.

La reserva de este presupuesto muestra la fuerte apuesta que va hacer el Ejecutivo por el Perte del Vehículo Eléctrico, toda vez que representará en torno a un 65% de las subvenciones y la financiación que va a desplegar para la puesta en marcha de este tipo de proyectos integrales –en este caso se creará una cadena de valor completa del coche cero emisiones en España–, que sumarán en cada caso 2.300 millones.

Según las mismas fuentes, los planes gubernamentales consisten en impulsar, aprovechando los fondos europeos de recuperación recibidos a raíz de la Covid-19, “dos o tres” marcos de actuación sectoriales. En este sentido, aparte del protagonizado por el automóvil, podría activarse otro para el hidrógeno y otro para la industria agroalimentaria, que, como pronto, verían la luz a finales de año.

Retraso en el Perte del Vehículo Eléctrico

El primer paso para que comience a andar el proyecto tractor del coche cero emisiones, que supondrá la implantación de la primera gigafactoría de baterías en España, es su aprobación en Consejo de Ministros. La titular de Industria, Reyes Maroto, declaró recientemente que este trámite se resolverá “antes de las vacaciones”. Según apuntan fuentes del sector a La Tribuna de Automoción, será a comienzos o mediados de julio.

Este plazo, no obstante, significa una demora respecto al compromiso que había adquirido el Gobierno en los últimos tiempos con el Ministerio de que se hiciese efectiva la validación antes de que acabase junio. En todo caso, la iniciativa, por las complejidades que conlleva –es inédita–, arrastra una dilación mayor si se tiene en cuenta la planificación inicial, que fijaba la firma del Ejecutivo durante abril, según publicó este medio en su número de la segunda quincena de marzo, en el que se señalaba que la puesta en funcionamiento se esperaba en el mejor de los casos para el mes pasado.

A partir del sello del Consejo de Ministros, el siguiente capítulo, previo al lanzamiento de las ayudas y los préstamos, sería habilitar un Registro estatal de entidades interesadas en participar en el Perte, que dependerá de Hacienda, tal y como está regulado en el Real Decreto-ley 36/2020 del 31 de diciembre. Sin embargo, según han explicado fuentes sectoriales, esta herramienta podría tener bastante menos funcionalidad de la prevista, porque con el paso del tiempo se ha comprobado que “no aporta mucho”.

Si el Ejecutivo acaba manteniendo su creación, ya se da por seguro que su existencia no obligará a las empresas a estar apuntadas para poder solicitar fondos en la línea de incentivos que se abra.

Cuando llegue dicho momento, el de presentar solicitudes para recibir apoyo, no está claro todavía si el nivel de subvención que podrá adjudicar el Ejecutivo será superior al estipulado en el Reglamento general de exención por categorías de la Unión Europea. En estos momentos, siguen las negociaciones entre España y la Comisión para resolver esta cuestión, que, según fuentes del sector, sería clave para poder impulsar con más determinación cada uno de los proyectos tractores.


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