El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado hoy a audiencia la propuesta de Plan Social para el Clima que incluiría un paquete de 846,2 millones de euros destinados a que las empresas de hasta nueve empleados, con una facturación anual de menos de dos millones de euros, reduzcan las emisiones de CO2 de su flota de vehículos. Estos deberán ser M2 y M3, es decir, a partir de nueve plazas (contando la del conductor) o N2 y N3, lo que implica a los que superen las 3,5 toneladas.
Según el documento de 117 páginas, consultado por La Tribuna de Automoción, el paquete para la descarbonización del transporte por carretera, denominado Medida 6 (C2.M6), incluye cinco programas que se irán articulando entre 2027 y 2032. Entre ellos, se busca el achatarramiento de vehículos antiguos, la adquisición de unidades cero emisiones —algo que ya había adelantado el Ministerio de Transportes el 9 de abril de 2025—, y la implantación de puntos de recarga, aunque en el documento no se especifica la cifra que se destinará a cada uno de ellos.
Subvencionar la diferencia de precio entre eléctrico y combustión: hasta 300.000 euros para los camiones
La primera medida, hace referencia a la «adquisición, renting o leasing de vehículos pesados de cero emisiones», destinados al transporte de viajeros o mercancías. En este punto, la clave es que el borrador hecho público por el Gobierno establece subvencionar «la diferencia de precio entre el vehículo de cero emisiones con respecto al vehículo similar convencional (en este caso, diésel)».
El texto, que afirma que «financiar un gran porcentaje de los costes subvencionables es la única manera real de poder tener cierto éxito en las convocatorias de ayudas para la adquisición de vehículos de cero emisiones para estas microempresas de transporte pesado», cifra en una diferencia de 150.000 euros en los autobuses y de 300.000 en los camiones. No obstante, aclara que «se incluirá en la convocatoria unas tablas con cuantías máximas por categoría y tecnología del vehículo». El criterio de intentar enjugar la diferencia entre el precio de un eléctrico y un vehículo de combustión, también se tendrá en cuenta en caso de arrendamiento.
Ayudas para puntos de carga de microempresas de entre 22,5 y 350 kW
El segundo programa contará con 400 millones de euros y hace referencia a la «implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en las instalaciones de las microempresas». Estas ayudas, según se explica, se otorgarán por potencia y no por el número de conectores de ese punto de carga. Además, tendrán que ser como mínimo de 22,5 kW, hasta un máximo de 350 kW.
Las microempresas podrán recibir estos incentivos de manera independiente a las subvenciones por la compra de un vehículo, pero si se presenta de forma conjunta recibirán más puntuación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las ayudas se facilitarán por concurrencia competitiva.
Achatarramiento de vehículos pesados matriculados antes del 1 de enero de 2020
La tercera pata relevante son las ayudas destinadas al achatarramiento de vehículos. En concreto, «las ayudas consistirán en la retirada y achatarramiento de vehículos pesados adscritos a una autorización de transporte, pertenecientes a una microempresa, matriculados por primera vez en España con anterioridad al 1 de enero de 2020 y con un estándar EURO VI-C o anterior».
El Ministerio dirigido por Sara Aagesen recuerda, utilizando datos de Anfac, afirma que la media de edad de los vehículos para el transporte de mercancías está en los 15 años y tiene la mayor cuota de unidades de más de 20 años, con un 32,8% del total. En el caso de los autobuses, el promedio está en 11 años, lo que le coloca en una situación mejor que el ratio europeo.
Además, el borrador de Plan Social para el Clima lanzado hoy recoge otras medidas como incentivos a la compra de vehículos ligeros por microempresas y autonónomos; la creación de aparcamientos disuasorios que faciliten que las personas accedan a los centros urbanos en coches compartidos. En total, propone medidas por más de 9.000 millones de euros —en inversiones cofinanciadas por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea—, repartidos en rehabilitación de hogares, comunidades energéticas, movilidad y transporte.
