La propuesta de la Comisión Europea para el Industrial Accelerator Act (IAA) se ha hecho esperar, debido a la controversia que generaban los intereses de unos y otros actores de los sectores a los que afectará. No obstante, parece que la espera ha merecido la pena y el texto final ha logrado lo que parecía inalcanzable: un equilibrio entre ambición y viabilidad. Y es que una regulación de máximos, desconectada de la realidad industrial, corría el riesgo de convertirse en un lastre en lugar de un escudo, mientras que si se quedaba corta no contribuiría a su objetivo de hacer frente a la presión competitiva global y la creciente dependencia exterior.
El umbral del 70% de contenido local (sin contar la batería) es un buen ejemplo. Durante la negociación se barajaron cifras más elevadas, pero también complicadas de cumplir. La finalmente elegida refleja un nivel de exigencia razonable, alineado con la situación actual del sector. A ello se suma un elemento esencial: el calendario. Exigir ese porcentaje a los seis meses, pero dar tres años para endurecer los requisitos en la batería —el gran talón de Aquiles europeo— introduce un margen de adaptación sin duda necesario.
Los criterios deben estar bien definidos para evitar lagunas que permitan sortear la norma
A esto también contribuye el amplio alcance de la definición de «contenido europeo». Limitarla exclusivamente a los estados miembros habría hecho prácticamente inviable cumplir ciertos requisitos, especialmente en el caso de las celdas, tal y como señaló Recasens durante el VI Foro de Anfac. Así, la inclusión del Espacio Económico Europeo y, posiblemente, de países con acuerdos comerciales abre la puerta a una aplicación más realista. Y es que, junto con el mayor lapso para este componente, permitirá a Europa cumplir con esta norma, pese a arrastrar un retraso estructural en la cadena de valor de las pilas, así como seguir avanzando en este ámbito, gracias también a iniciativas comunitarias como la Battery Booster Strategy.
Ahora bien, esta apertura igualmente exige rigor; como advierte Clepa, los criterios deben estar bien definidos para evitar lagunas que permitan sortear la norma. Y ahí reside uno de los riesgos. La propuesta es equilibrada en su planteamiento, pero su eficacia dependerá en gran medida de su desarrollo posterior. Si los requisitos no quedan bien definidos, acabarán aplicándose de forma desigual y se correrá el riesgo de fragmentar el mercado único en lugar de reforzarlo. Asimismo, debería regularse para todo tipo de incentivos públicos y que no quedara al libre albedrío de los estados para que exista igualdad en el mercado único.
Donde el consenso parece más amplio es en el capítulo de inversiones extranjeras, que es, en esencia, una medida acertada. Introduce una lógica que otras economías, como China, llevan muchos años aplicando, por lo que no debería entenderse como un movimiento hostil, sino como una adaptación a reglas de juego ya existentes.
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