Fue nuestro ínclito Unamuno quien, cuentan, llegó tarde a una tertulia y sentenció: «No sé de qué se habla, pero me opongo». La frase define al autor pero radiografía en nuestro país un modo de hacer política (es decir, manejar la economía) en que priman más las ansias de poder que el servicio a la sociedad.
Es una técnica legal aunque debatidamente legítima y utilizada por los sucesivos gobiernos. Maniobras para conservar el poder
A finales de enero llegó al Congreso un decreto-ley ómnibus, subtitulado «escudo social», en el que se meten a presión como si de un tren de mercancías se tratara diversos asuntos distintos pero no distantes. Es una técnica legal aunque debatidamente legítima y utilizada por los sucesivos gobiernos. Maniobras para conservar el poder.
Este ómnibus descarriló a pesar de que contemplaba la revalorización de 13 millones de pensiones. Los afectados, un caladero de votos nada despreciable, sufrirán en el próximo abono una reducción de su cuantía (unos 50 euros). Pero la recuperarán. Sin duda.
Ese ómnibus consideraba la revalorización del ingreso mínimo vital, que ahora asciende a 516,78 euros al mes y afectaba en septiembre pasado a 764.905 hogares en los que viven 2,33 millones de personas.
Los 2,5 millones de personas que cobran la prestación o el subsidio del paro tendrán que volver a presentar la declaración de la renta. La no tributación en IRPF de las ayudas y las exenciones para hacer frente a los efectos de la dana quedan congeladas. Lo mismo que la no tributación de las ayudas a los afectados por los incendios forestales. Se frenan ayudas fiscales vinculadas a la inversión energética en viviendas y compra de vehículos eléctricos. También el coeficiente reductor de la edad de jubilación para bomberos y agentes forestales. Y la compatibilidad de trabajo y pensión de jubilación para médicos de atención primaria y pediatras.
Y todo porque el decreto contenía ayudas y prohibiciones de desahucios a familias sin alternativa habitacional, veto al corte de suministros (energía, agua) y prórroga del bono social para consumidores vulnerables: 12,5 millones de personas que viven con menos de 644 euros. Los negacionistas tumbaron el decreto afirmando que ataca la propiedad privada y llama a la ocupación ilegal. Pero silencian que la norma (con compensaciones) afecta a propietarios de diez o más viviendas y que no se modifica el trato de la ocupación ilegal (0,04% del parque inmobiliario). En resumen: maniobras para alcanzar el poder.
Estamos de nuevo ante un cuatrilema político: gobernar (o hacer oposición) para mejorar la vida de todos, gobernar para los más, gobernar para los menos o gobernar para unos pocos. A escoger. El decreto no mejora la vida de todos, cierto, pero sumados los millones de afectados se concluye que mejoraría la vida de los más.
