La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado, en un corrillo con los presidentes de las principales asociaciones del sector de la automoción —en el que estaba presente este periódico—, que quiere «buscar soluciones de continuidad», en relación al impulso al vehículo eléctrico, tras la finalización de los fondos del Plan Moves en la mayoría de las comunidades autónomas, pero ha admitido su dificultad.
Después de que los líderes de las patronales se hayan mostrado decepcionados porque en el paquete de ayudas de 2.000 millones de euros no se incluyen medidas nuevas a la automoción —más allá del Moves Corredores y Flotas, que ya estaban anunciados hace meses—, Aagesen ha señalado que están trabajando en poder dar continuidad al impulso a la electromovilidad, pero que no depende de ellos, porque no hay fondos, por lo que «tiene un encaje complicado».
Aagesen se compromete a no dejar «en la estacada» a nadie con peros
Cuestionada por el hecho de que haya ciudadanos que se hayan comprado un coche eléctrico pensando que iba a recibir 4.500 euros de ayuda (o 7.000 si se achatarraba un vehículo), del Moves, y que finalmente no sea así porque se ha agotado el presupuesto, la vicepresidenta tercera ha dicho que nadie se va a quedar «en la estacada».
Sin embargo, La Tribuna de Automoción, que estaba en ese corrillo, le ha planteado a la política que es muy complicado que, si no hay un plan ambicioso, alguien que compre un eléctrico en Madrid en noviembre, reciba la subvención teniendo en cuenta que en esta Comunidad el plan se gastó en julio, como adelantó esta publicación, y se está generando una lista de espera difícil de compensar.
Aagesen ha contestado «que no quiere dejar a nadie en la estacada», pero que también «hay que tocar otras puertas, cuando llevas una propuesta que tiene todo el sentido también es necesario que te la reciba alguien que va a decir que sí». Haciendo referencia a que hace falta un gran pacto con el resto de partidos políticos.
Además, ha insistido en que quiere «buscar soluciones de continuidad» porque «eso de estar todo el día con las olas distorsiona al sector, al consumidor y también al Gobierno». Sin embargo, «no nos lo ponen fácil», ha incidido.
Los Moves ya no cuentan con fondos europeos por la falta de agilidad de las comunidades autónomas
Por otro lado, este periódico ha consultado a fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica el motivo por el cual no se han incluido nuevas partidas para el Moves, dentro del paquete de incentivos de 1.750 millones de euros (restando los 250 del Moves Corredores y del Moves Flotas) presentado hoy, y la respuesta es la falta de agilidad de las comunidades autónomas para gestionar los expedientes.
Así, han aclarado que las autonomías no garantizan que el Moves esté gestionado al 100%, incluida la resolución y el pago, antes del 30 de junio de 2026. Esta fecha es importante porque es la que marca la Comisión Europea para que todos los planes de recuperación, que nacieron por la pandemia, estén completamente abonados.
De hecho, el actual Moves 2025, que se aprobó el 1 de abril, con efecto retroactivo al 1 de enero, ya no utiliza dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por este motivo.
El impuesto al diésel como solución para el vehículo eléctrico
En este sentido, inciden en que si las comunidades asegurasen esa rápida gestión se podrían incluir nuevos fondos europeos, pero son ellas mismas las que dicen que no da tiempo antes del segundo semestre de 2026. De hecho, recuerdan que el actual Moves, que aunque no tenga fondos en la mayoría de regiones está en vigor hasta el 31 de diciembre.
Asimismo, matizan que en el caso de los planes que se han aprobado hoy en el paquete de ayudas para la descarbonización y competitividad, que estará dotado en total por 2.000 millones, se pueden alargar más los plazos porque lo gestiona el IDAE. Esto no es posible en el caso de las subvenciones para la compra de vehículos eléctricos porque los tribunales han determinado que tienen que estar territorializadas, porque son competencia de las CCAA.
Ante esta disyuntiva, han insistido en que son conscientes de que sería positivo dotar de más presupuesto el plan actual, pero recuerdan que tienen que buscar una nueva partida, que podría venir, por ejemplo, de subir el impuesto al diésel —que es 10 céntimos más bajo que el de la gasolina—, algo que el Congreso ha rechazado en varias ocasiones.
