El sector aguarda con impaciencia que el Gobierno dé por fin luz verde al Plan Auto 2030-2035, que impulsó Anfac con el Ministerio de Industria y en cuya elaboración ha participado el resto de grandes asociaciones, las autonomías, los sindicatos y otras carteras ministeriales. Una expectación ya tensa, porque, después de que se empezara a diseñar a comienzos de año, se esperaba primero que se pudiera presentar en mayo, luego en junio y, finalmente, en septiembre, pero acabamos de entrar en octubre y aún no hay fecha.
La última referencia viene de la mano del secretario de Estado, Jordi García Brustenga, que el pasado 25 señaló que con este programa están «en los últimos coletazos para que tenga sustancia». Además, remarcó que, en función de si se escogen «bien las apuestas», tomando el impulso de «los Fondos Next Generation» y de «su continuación», nuestro país tiene la oportunidad de potenciar hasta un 35% el negocio de los proveedores y la facturación de servicios de movilidad eléctrica y conectada hasta un 50%.
Sea como fuere, y a tenor del contexto que afronta la automoción, con una exigencia regulatoria muy elevada y de reducción de emisiones por parte de la UE y una dura competencia asiática, resulta de urgencia el despliegue de la hoja de ruta. No obstante, esta no debería limitarse a ser un documento de análisis, sino que debería acompañarse de una amplia batería de medidas ambiciosas de apoyo y, otras de mejoras normativas y fiscales que sirvieran para asegurar que España siga siendo en el futuro una potencia industrial mundial con un mercado interior rejuvenecido y tan verde al menos como la media europea.
Esa apuesta, sin embargo, no debería ser solo con los Perte actuales y futuros, sino que debe aplicarse a los Moves y a las herramientas de incentivo de la movilidad sostenible
La dirección que ha estipulado Industria, como ha confirmado García Brustenga, es que, con independencia de la revisión de los objetivos ambientales que proponga Bruselas, el Gobierno va «a seguir con la misma ambición con el VE», aunque matizó que «no sobra cualquier innovación en sostenibilidad», lo que supondría un guiño a la necesaria neutralidad tecnológica frente a la descarbonización. Esa apuesta, sin embargo, no debería ser solo con los Perte actuales y futuros que se esperan lanzar al margen de los recursos comunitarios, como se recoge en el Proyecto de Ley de Industria, sino que debe aplicarse a los Moves y a las herramientas de incentivo de la movilidad sostenible, buscando llegar a un pacto de Estado que garantice la continuidad de los mismos en el largo plazo.
Porque a pesar de que hoy España dispone de una posición privilegiada, gracias a décadas de actuaciones público-privadas acertadas y a un modélico diálogo social, no se puede dar por hecho nada. No bajar los brazos tiene sus frutos, como se ha comprobado con la reindustruialización de Nissan Barcelona y la apuesta de Chery-Ebro, que va a suponer que antes de fin de año ya se hayan recuperado todos los exoperarios de la nipona. Retos como este sigue habiéndolos, como el de Stellantis Madrid, donde las administraciones central y autonómica tienen que volcarse para asegurar su futuro.
