Los grupos empresariales que reciban subvenciones de las administraciones, que superen los seis millones de euros durante el último lustro, «deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de las grandes empresas, tres en el de las medianas y dos en el de las pequeñas, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas».
Así lo recoge el borrador de anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, al que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción. El texto, que se puede modificar durante su tramitación, aclara que deberán reintegrar las subvenciones al completo cuando «procedan de manera efectiva a reducir en más de un 65% su capacidad de producción».
También se establece que tendrán que ser devueltas cuando «se comunique la decisión empresarial de despido colectivo y que implique una reducción de más de un 85% de toda su plantilla». No obstante, se excluye a las empresas que estén en proceso de «transformación, fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos siempre que la entidad adquiriente mantenga» los límites citados anteriormente.
Falsificar test de homologación, infracción grave en la nueva Ley de Industria
Además, de obligar a los fabricantes a mantener sus plantas en España durante cinco años o a devolver las subvenciones, otro punto que podría afectar al sector es que el borrador incluye como una infracción grave adulterar los test de homologación, algo que no ocurría con la Ley de Industria del 16 de julio de 1992.
La primera práctica a la que se refiere es «la formulación de declaraciones falsas durante los procedimientos de homologación de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes o durante la aplicación de medidas correctoras o restrictivas».
También se menciona «la falsificación de los resultados de los ensayos o cualquier otro documento requerido para la homologación de tipo de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, para la conformidad de la producción o para la vigilancia del mercado, así como para la autorización para la circulación de vehículos a motor».
Sin cambios en las multas: seis millones por el Dieselgate
No obstante, en realidad no supondría un gran cambio a nivel sancionador. Por ejemplo, en el caso de Dieselgate del Grupo VW —en el que, en resumen, se empleó un software para reducir las emisiones durante el proceso de homologación—, de haberse sancionado en España, en su momento, se habría catalogado como una falta grave, según la normativa anterior.
En ese baremo se incluía «la fabricación, importación, distribución, comercialización […] de productos […] sin cumplir las normas reglamentarias, cuando comporte peligro o daño grave […] para el medio ambiente». Además, el importe de las multas no se ha modificado y se mantiene el límite de 60.000 euros para las leves, seis millones para las graves y 100 millones para las muy graves.
Perte por ley, aunque no haya fondos europeos
El Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, si todo va bien, se aprobará en Consejo de Ministros en julio, para después seguir la tramitación parlamentario, según avanzó el ministro Jordi Hereu, incluye también que los Perte seguirán existiendo aunque no haya fondos europeos.
Según recoge en la disposición adicional tercera, entre los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), que pasarían a denominarse Proyectos Estratégicos de Inversión, se incluirían, por ejemplo, los que tengan «el objetivo estratégico» de que promuevan la descarbonización del transporte a través de la fabricación de vehículos de cero emisiones y sus componentes esenciales, tales como la producción de baterías.
También se detallan las iniciativas que «favorezcan la economía circular y la gestión sostenible de materias primas, así como la exploración, extracción y el procesado verde de materias primas críticas», lo que haría referencia a las minas de litio que hay en regiones como Extremadura.
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