Fue a finales de los años setenta y principios de los ochenta, al calor de la transición y la discusión sobre los estatutos de autonomía cuando nació un lema político (España se rompe) que lanzaron al ruedo político sectores conservadores. A principios de siglo, durante el mandato de Rodríguez Zapatero, el 'España se rompe' se convirtió en la punta de lanza de la oposición frente a las reformas territoriales. Y en los años 2016 y 2017, entonces sí, el eslogan tomó carta de naturaleza, creció, se fortaleció y amenazó con pasar de las palabras a los hechos en Cataluña.
Las cosas de la política no fueron a mayores entonces, pero en las cosas de la economía social caminamos hoy de la mano de un ideario hacia la carcoma de los cimientos de la igualdad que pregona la Constitución. El coleóptero xilófago se llama prioridad nacional y, por estrictas razones de poder, está atacando sin tregua varias zonas del cuerpo nacional, a saber, región valenciana, aragonesa, extremeña, andaluza y castellana y leonesa.
Los portadores de la larva mantienen que el empadronamiento histórico del ciudadano y su arraigo, junto a la saturación de los servicios públicos en un país que lamentablemente no está concebido para 50 millones de habitantes, obligan a discriminar a los beneficiarios de las ayudas sociales y hacen necesario confeccionar listas de vecinos de primera y de segunda.
El coleóptero xilófago se llama prioridad nacional y, por estrictas razones de poder, está atacando sin tregua varias zonas del cuerpo nacional, a saber, región valenciana, aragonesa, extremeña, andaluza y castellana y leonesa.
Los contrarios a ese ideario excluyente sostienen que, en parte gracias a la aportación de esos cientos de miles de ciudadanos sin empadronamiento histórico, y gracias a su contribución fiscal aún se bandean los servicios públicos del país y se cubren, además, necesidades asistenciales que los nacionales no están dispuestos a aceptar, salvo que el paro colapsara, el Estado de Bienestar enfermara y vieran de cerca la indigencia.
Los expertos advierten, además, que el rechazo a esa población migrante susceptible de regularización, aunque sin pedigrí, provocará su encaminamiento a la economía sumergida por la restricción de derechos que bendice esa prioridad nacional. Legiones de trabajadores volverían al sumergido sitio de donde vienen.
Los desarraigados serán los últimos de la fila en aspirar a un bien social, como es una vivienda protegida, ayudas y prestaciones sociales y los servicios asistenciales básicos. Esa pretensión de castigar a quienes no gozan de empadronamiento histórico a la hora de recibir servicios públicos y de calidad acabará por carcomer la vida pacífica en comunidad.
Los promotores de la idea no admiten, por ignorancia o estulticia, que se repite (a causa del precio de la vivienda) la improductiva inmovilidad laboral que el país sufrió el siglo pasado. Aplicadas estas nuevas y severas restricciones a una realidad social, caminamos al principio del fin de la igualdad de oportunidades y al desafío a la unidad de mercado laboral.