El CEO de Grupo Renault y presidente de la ACEA, Luca de Meo, ha propuesto, en una carta dirigida a Bruselas, con motivo de las próximas elecciones de la Unión Europea (que tendrán lugar del 6 al 9), «poner en marcha una especie de plan Marshall europeo con el fin de acelerar la renovación del parque y reducir así drásticamente las emisiones de CO2».
Para esto, De Meo pone como ejemplo el plan de recuperación poscovid y sugiere que, al igual que en dicho caso, este programa potencial se base en un fondo europeo de redistribución «proporcional a las capacidades de cada país» y que sirva para introducir incentivos para la compra de vehículos electrificados, nuevos o de ocasión. Además, afirma que su duración debería alargarse durante diez años.
Según afirmó, así se lograría «eliminar un millón de toneladas de CO2 de aquí a 2030», mientras que el objetivo de Europa es eliminar 310 millones de toneladas en el mismo período, un reto que por el momento va con retraso.
Este es uno de los diez proyectos recomendados (junto con otras observaciones) por el directivo «para que Europa se ponga al día». Fueron expuestos en dicha misiva, con la intención de lograr en esta nueva legislatura un cambio de paradigma, de manera que la industria automovilística europea se convierta en la solución a los retos a los que se enfrenta el continente.
El «efecto contraproducente» de las múltiples normativas
De la misma forma, el CEO de la francesa advirtió que, a pesar de que el compromiso de la transición energética (valorado en 250.000 millones de euros) requiere la implementación de un marco claro y estable, la UE debe «acabar con el actual sistema de acumulación de normas». Y es que, de acuerdo con sus palabras, se van a publicar entre ocho y diez nuevas normativas cada año hasta 2030, lo que tiene un «efecto contraproducente», como, por ejemplo, que los vehículos ya sean un 60% más pesados, la deslocalización de la producción o que la media de edad del parque automovilístico haya pasado de 7 a 12 años.
«Es indispensable revisar el calendario de normas programadas para los próximos seis años», afirma De Meo, «abogamos por la creación de un organismo único que controle y evalúe todos los reglamentos, su impacto directo e indirecto y su interacción con otras normas» antes de su aplicación.
Asimismo, aboga por «un principio de neutralidad tecnológica y científica», lo que significaría dejar de imponer decisiones «tecnológicas» a la industria. «Podemos redactar los objetivos a alcanzar, pero no el ‘cómo’ se deben alcanzar», dijo, un principio que Europa ya habría adoptado previamente, pero que se abandonó.
Esta tendencia a la sobreregulación nos estaría perjudicando, además, de cara a China o Estados Unidos, que tienen medidas más directas. La República Popular, con su política centrada en el eléctrico desde 2012, inversiones masivas en los sectores implicados (como la extracción de las tierras raras o el reciclaje de las baterías) o los acuerdos de asociación con fabricantes extranjeros, dispone de una «gran ventaja competitiva» y controla el 75% de la capacidad mundial de producción de baterías, entre el 80 y el 90% del refinado de materiales y el 50% de las minas de metales raros. Por su parte, EEUU, dispone de la ley IRA, a la que destinan 387.000 millones de euros, la cual fomenta las inversiones, ofrece subvenciones y refuerza la capacidad de las gigafactorías de baterías, abaratando, a su vez, su coste de construcción.
Por contra, el director de la ACEA, sugiere un «modelo híbrido» para Europa, es decir, comenzar por un enfoque defensivo y, posteriormente, «lanzarse a la conquista de los mercados mundiales». No obstante, aclara que la industria «no cuestiona el Green Deal ni la necesidad de descarbonizar la movilidad», pero repite que hay que replantearse «las condiciones en las que se aplica esta estrategia global».
También incide en seguir el modelo chino en cuanto a las «zonas económicas especiales», que en Europa serían «zonas económicas verdes» y «concentrarán subvenciones e inversiones industriales; la fiscalidad y las cargas salariales se reducirán durante diez años, y las ganancias sobre los capitales invertidos por el sistema financiero estarán exentas de impuestos».
Inversiones estratégicas en materias primas, semiconductores y cargadores
Otra de las cuestiones en las que los europeos necesitan trabajar, de acuerdo con De Meo, es la producción de materias primas y semiconductores. El territorio depende en exceso de las importaciones de tierras raras, componentes electrónicos, etc. lo que debilita esta industria de cara a su competitividad.
Un posible abordaje para este asunto, de acuerdo con el ejecutivo, puede pasar por la creación de una plataforma europea de compras de materias primas fundamentales (como se ha hecho en el caso del gas o de las vacunas contra el Covid) o la puesta en común de la gestión de los stocks de los distintos actores.
Del mismo modo pide al organismo «realizar una inversión estratégica en I+D» para consolidar la posición de la empresa holandesa ASML, a la que considera líder europeo en tecnología EUV (Extreme Ultraviolet Lithography), la cual permite fabricar microchips «más pequeños y potentes».
«Europa debería utilizar este modelo para favorecer la aparición de nuevos líderes en semiconductores, bien reforzando los actores existentes (STMicroelectronics) bien creando otros nuevos», aduce, con el fin de que las empresas dedicadas a este negocio puedan aprovechar la oportunidad que supone para ellas el auge de las necesidades de chips para vehículos.
Un plan estratégico de la red europea de carga
El empresario señaló que es misión de la Comisión Europea el desarrollo de un plan estratégico para el desarrollo de la red europea de carga con un despliegue más rápido, así como la creación de un marco que destine energía baja en carbono y de bajo coste a dicha red. También señaló la opción de fomentar «el desarrollo de la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G) definiendo normas comunes a los futuros proyectos», puesto que considera que el uso de esta permitiría gestionar mejor los picos de consumo eléctrico, reduciendo el uso de energías más caras y con grandes emisiones de carbono.
Otras opciones que puso De Meo sobre la mesa fueron el diseño de un plan que identifique las áreas más prometedoras y que coordine las acciones a escala europea en materia de hidrógeno; o la puesta en común de la gestión de los residuos de baterías entre los países socios y así como la elaboración de proyectos de reciclaje, entre otros.
