Barcelona, Valencia y Zaragoza son tres de los municipios de más de 50.000 habitantes que están incumpliendo el Real Decreto-ley 29/2021, por el cual no es necesario pedir permisos y basta con una declaración responsable para la instalación de puntos de carga para los vehículos eléctricos. Una normativa que había sido considerada clave por el sector para reducir la diferencia entre la implantación de la electromovilidad en España y en el resto de Europa, al acortarse los plazos y los requisitos para el despliegue de esta infraestructura vital para la nueva movilidad.
A este trío de ciudades, según ha podido saber La Tribuna de Automoción, se suma otro caso especialmente llamativo, como es Irún (Guipúzcoa), ya que su alcalde, José Antonio Santano, preside, desde el 23 de febrero de 2022, la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, por tanto, debería de dar ejemplo ante el resto de regidores en el cumplimiento de una norma que afecta de lleno a las tres áreas de su competencia en la asociación que representa a los gobiernos locales.
Ayer, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) hacía público que había iniciado un expediente en la Secretaría para la Unidad del Mercado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que denunciaba que más de 90 ayuntamientos estaban incumpliendo el Real Decreto-ley 29/2021. En este sentido, señalaban que exigían la tramitación de una licencia de obras, anulando una de las grandes ventajas del RDL.
El argumento esgrimido en la demanda hace referencia a que estos consistorios estaban estableciendo una barrera al libre mercado al negar la admisión de la declaración responsable que permite la regulación. Además, según explicaba la organización, el artículo 28 de la Ley 20/2023 habilita a las asociaciones empresariales a iniciar un expediente. Afrontando así el problema, al estar extendido en todo el territorio nacional, evitará denuncias por parte de los operadores de carga ante los diversos ayuntamientos.
Muchos partidos políticos, implicados. Incluido el PSOE que es el que aprobó la norma estatal
A pesar de que la nota de prensa publicada por Aedive no daba a conocer los municipios implicados, La Tribuna de Automoción ha podido saber que entre los ayuntamientos, con más de 50.000 habitantes, que están incumpliendo el Real Decreto-ley que facilita la instalación de puntos de carga se encuentran Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Barcelona, Getafe, Irún, Lleida, Majadahonda, Parla, Salamanca, Santander, Valencia y Zaragoza.
También llama la atención que en la lista de los alcaldes que no cumplen con el Real Decreto-ley 29/2021, publicado en el BOE el 22 de diciembre de 2021, es decir, hace un año y medio con carácter urgente «para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables» se encuentren cuatro de los grandes ayuntamientos regidos por el PSOE (Alcalá de Henares, Getafe, Parla e Irún). Una contradicción puesto que ha sido el Gobierno central y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la misma formación política, los que aprobaron el texto.
Tampoco parece comprensible que la Ciudad Condal y el equipo de Ada Colau de Barcelona en Comú esté entre los que violan la normativa ya que la reducción de las emisiones ha sido una de las banderas que ha esgrimido desde su llegada a la alcaldía en mayo de 2015.
Además, el Partido Popular, con cinco ciudades entre las que están incumpliendo —de la relación que ha conseguido este periódico— (Zaragoza, Santander, Salamanca, Majadahonda y Aranjuez) es el que más vulneraría la ley, mientras que ERC (Lleida) y Ciudadanos (Alcobendas) también aparecen en la foto.
Por comunidades autónomas, la más afectada es Cataluña, con 24 municipios, seguida de Aragón (9), Andalucía, Madrid y Valencia, con 8 cada una, y Castilla y León (7). Los otros municipios se reparten entre País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.
En el comunicado emitido por Aedive su director general, Arturo Pérez de Lucia, se quejaba de que «lo más sangrante es que entre los ayuntamientos que no admiten la Declaración Responsable, se encuentran varias ciudades de más de 50.000 habitantes y que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligación pero que la desoyen, mientras que en otros casos, el consistorio no tiene contemplado dicho trámite en su sede electrónica».
