Sin el relumbrón del Perte VEC, pero con relevancia para desarrollar la electromovilidad en España, el 22 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 29/2021, en cuyo título primero se busca reducir la burocracia en la instalación de cargadores para el VE, algo que fue aplaudido por el director general de Anfac, José López Tafall, quien celebró que, además, «refleja la vocación de que no todos los puntos estén en las capitales de provincia», poniendo en valor que «para 2023 sea obligatoria la instalación masiva en las estaciones de servicio y en terrenos circundantes a las carreteras del Estado». Para facilitar la implantación de estos elementos en las zonas de protección de las vías, se modifica el artículo 28.2 de la Ley 37/2015.
Sin necesidad de autorización previa
Por su parte, la patronal del vehículo eléctrico Aedive afirmó que, con este paquete, el Gobierno responde a sus reclamaciones de eliminar las barreras para el despliegue de cargadores de VE, destacando que para su instalación «no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad —excepto en edificaciones del patrimonio históricoartístico con la categoría de bien de interés cultural— de carácter medioambiental ni otras de clase similar o análogas» y son sustituidas por declaraciones responsables con las que pueden incluso empezar a operar, según la norma.
Además, los edificios que no tengan un uso residencial privado con más de 20 plazas y menos de 1.000 deberán contar con una estación de recarga cada 40 estacionamientos antes de 2023. Las que superen el millar tendrán que sumar un punto extra cada 100. Unos parámetros que, además, se multiplican por dos en las instalaciones públicas, para dar ejemplo. Dentro del plan de impulso, también se prevé que los ayuntamientos puedan bonificar los enchufes para VE con una reducción del IBI y del impuesto sobre actividades económicas del 50%.
Pero no todo se ha planteado en positivo, también se establecen sanciones para las distribuidoras de energía que no comuniquen a tiempo el resultado de los estudios para una instalación.
525 millones para las distribuidoras
Asimismo, el Consejo de Ministros del 21 de diciembre aprobó una subvención de 525 millones de euros para digitalizar las redes de distribución e impulsar la recarga pública entre 2021 y 2023.
Enmarcado en el Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento —aprobado el 14 de diciembre—, la dotación…
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