La asociación de portavehículos Transportave, que representa a 400 pymes y autónomos que cuentan con cerca del 45% de la flota de camiones en España —unos 1.500—, ha decidido en una asamblea, celebrada el pasado 1 de octubre, la convocatoria de nuevos paros indefinidos a partir del 1 noviembre ante la falta de solución de los problemas de este subsector, relativos a las condiciones del trabajo y a la ausencia de rentabilidad, según informan en un comunicado al que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción.
Este colectivo de transportistas, que ya dejó de prestar sus servicios entre el 7 de marzo y el 7 de abril —con un seguimiento por encima del 80%, según los convocantes—, provocando un descenso relevante en el movimiento de coches en los puertos y la falta de entregas a los concesionarios, lleva desde que renunció a las paradas, a raíz de la consecución de unos pactos de mínimos, intentando abrir procesos negociadores con los grandes operadores logísticos para los que trabajan subcontratados —el 85% de sus medios de transporte no los tienen en propiedad—.
El objetivo perseguido es «dar estabilidad a la actividad» y acabar con la pérdida que está habiendo de camiones y conductores «a una velocidad de vértigo» por la «precariedad» existente. De hecho, la organización calcula que en menos de cuatro años ya se ha producido un ajuste de entre el 25% y el 30% de los vehículos.
Desde Transportave se lamentan que únicamente han podido entablar conversaciones con un par de compañías «sin obtener ninguna respuesta del resto y tampoco de la asociación que les representa», CETM Portavehículos. Fruto de ello, y después de que «no haya habido avances […] para paliar la difícil situación de empobrecimiento continuo», los asociados de forma unánime han secundado volver a poner encima de la mesa los paros.
No obstante, han dejado un margen de un mes para dar una nueva oportunidad al diálogo a las empresas contratistas. En caso de que se alcancen acuerdos, los portavehículos que se vean beneficiados no detendrán sus operaciones, solo manteniéndose la parada en aquellas compañías que rechacen «regularizar la situación».
Sin cumplir la ley sobre la carga y la descarga
La principal reivindicación de los miembros de Transportave es que les abonen la carga y la descarga, una obligación que viene recogida en el Real Decreto-ley 3/2022 de 1 de marzo, aunque no está tasada la cuantía. Esta retribución tendría que haberse hecho efectiva, según la redacción de la normativa, a partir de seis meses de su entrada en vigor, es decir desde el 2 de septiembre, sin embargo fuentes de la asociación señalan a La Tribuna de Automoción que no se está haciendo.
Desde esta entidad han realizado un estudio con una consultora y han concluido que el coste de ambas operaciones es de entre 45 y 57 euros a la hora, de modo que piden que se alcance un acuerdo, vital para que los transportistas puedan trabajar con beneficios, algo que «no sucede actualmente».
Otro frente a resolver sería el de la cobertura de los daños de los coches transportados. La organización de pymes y autónomos se queja de que, ante aquellos ocasionados en el porte o que ya estuvieran en las campas y no hubieran sido certificados por el conductor, tienen que asumir el pago de la franquicia del seguro para garantizar el arreglo una vez que los entregan a los concesionarios, estableciéndose un coste por encima de lo que requeriría la correspondiente reparación. «Pedimos que nos traten en la justa medida, fijando el precio real. Esto no es un negocio», subrayan fuentes de Transportave.
