El pleno del Parlamento Europeo acaba de aprobar el Reglamento AFIR (siglas en inglés de Regulación de Infraestructuras de Combustibles Alternativos), en el que destaca una mayor ambición por parte de los eurodiputados que la que mostraron en junio los ministros de los Veintisiete en el Consejo.
La votación salió adelante con holgura, con 486 votos a favor, 65 en contra y 80 abstenciones. El principal compromiso es conseguir que los coches cuenten con un punto de recarga cada 60 km en 2026, que en el caso de camiones y autobuses mantiene la cuota, aunque solo en carreteras principales de la red TEN-T, pero incrementa la potencia requerida.
De este modo, una vez Parlamento y Consejo han adoptado su postura ante la propuesta que la Comisión Europea realizó en el marco del paquete de medidas Fit for 55, las partes encaran ahora los trílogos para su entrada en vigor definitiva. Esta supondría la creación de una nueva Regulación y la derogación de la Directiva 2014/94/EU relativa al despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos.
Transición escalonada
Además de las citadas cuotas, todos los países comunitarios tendrán la obligación de presentar su plan para alcanzar sus mínimos exigidos antes de 2024. Otro aspecto clave es la simplificación del sistema de recarga, abogando por la accesibilidad a todas las marcas y facilidades para el pago, incluyendo el precio por kWh o kg.
Asimismo, la Unión Europea deberá crear un punto de acceso a información sobre disponibilidad, tiempos de espera y precios de la red para 2027. En cuanto al hidrógeno, los eurodiputados también han optado por su impulso mediante la exigencia de estaciones cada 100 km de cara a 2028.
Más ambición
Antes de someterse al pleno, el AFIR pasó el trámite previo en su Comisión de Transportes (TRAN) el 3 de octubre. Con los 36 votos a favor del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, Socialistas y Demócradas (S&D), la Izquierda, los Verdes y un No Inscrito, dos en contra de Identidad y Democracia (ID) y las seis abstenciones de otros dos miembros de ID y los cuatro del Grupo Conservador y Reformista (ECR), el documento destacó por mostrar una ambición mayor que el que aprobó el pasado 2 de junio el Consejo de la UE.
La Organización Internacional del Transporte en Carretera (IRU) realizó entonces un llamamiento a que el resto de los eurodiputados mantuviera estas pretensiones para garantizar el éxito de la electrificación. Por su parte, ACEA se pronunció después de la propuesta de los ministros de los Estados miembro para pedir que se eliminaran las exenciones en base a parámetros de tránsito, algo que finalmente no ha ocurrido, pues sí que hay cierta flexibilidad en el caso de las regiones más aisladas, las islas y carreteras con poco tráfico.
«No podemos crear territorios de primera y de segunda y es precisamente en los territorios con una aplicación más complicada en los que es más importante que se mantengan los objetivos vinculantes», ha valorado la eurodiputada de Ciudadanos (Renew), Susana Solís.
Sin embargo, el Parlamento sí que ha endurecido aspectos de los textos tanto de la Comisión como de los Veintisiete. Por ejemplo, las cuotas para el hidrógeno estaban fijadas cada 150 km y con fecha de 2031 y el requisito de una mayor potencia para camiones y autobuses se incrementó en el TRAN.
Consenso positivo
En términos generales, hay un sentir de consenso en torno al reglamento que el Parlamento ha sacado adelante, tanto por parte de la industria como de los grupos medioambientales. La patronal de fabricantes europea, ACEA, a través de su secretaria general, Sigrid de Vries, ha manifestado que le «complace» esta «mayor ambición», aunque ha recordado que «el AFIR solo proporcionará la infraestructura mínima, que tendrá que ser complementada con iniciativas del sector privado».
Por su parte, el director de políticas de vehículos de Transport & Environment, Fabian Sperka, ha celebrado que «esta ley debería calmar los temores», porque «durante años, la ansiedad por la red ha frenado la electrificación del transporte por carretera».
Mientras, Solís hace «una valoración muy positiva del texto», ya que «es una postura más ambiciosa que la propuesta por la Comisión y que tiene el apoyo de usuarios e industria», aunque de cara a los trílogos ha recordado que «el Consejo, como nos temíamos, tiene una postura demasiado tibia y que no va a ayudar al desarrollo de la movilidad sostenible».
Finalmente, la eurodiputada socialista Isabel García, miembro además de TRAN, ha defendido que el texto aprobado, impulsado por su compañero de partido, el alemán Ismail Ertug, busca «crear confianza entre los compradores y luchar contra la disparidad territorial» y esperan que, junto con los nuevos objetivos de descarbonización que están igualmente en su recta final de aprobación, «se contribuya a bajar los precios de compra de forma que aumente la demanda del coche eléctrico en Europa».
