El Gobierno de Baleares, a través de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, está preparando una normativa para establecer unos “criterios mínimos y unificados” para la formación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las islas, que incluirá las prohibiciones a la circulación de vehículos diésel y con emisiones nuevos a partir del 1 de enero de 2025 y 2035, respectivamente, que se fijaron en su Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en vigor desde el 2 de mayo de 2019.
En declaraciones a La Tribuna de Automoción, el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha señalado que la inclusión de estas restricciones en la configuración de las futuras ZBE se ha decidido después de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no haya respondido a la propuesta que hicieron desde la autonomía, y que remitieron en junio de 2021, para que fuesen validadas por el Estado las mencionadas medidas relativas a la movilidad.
En la legislación estatal de Cambio Climático, publicada en el BOE el 21 de mayo de 2021, se determinó que “las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas“, una redacción que se incorporó después de las negociaciones bilaterales entre Baleares y el Gobierno Central para evitar un recurso de inconstitucionalidad.
A partir de entonces, el Ejecutivo regional hizo efectiva la petición a la Administración central a través de una carta el 28 de mayo del año pasado del consejero de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se especificaba que para analizar la implantación de las prohibiciones se crearía “un grupo de trabajo”. Un hito que confirmó la propia Ribera en una visita a las islas a los pocos días, el 2 de junio, en la que declaró que para su confirmación estaba “pendiente todo el trabajo técnico […] para ver qué calendario” se establece “y cómo lo aplicamos”.
Sin contestación del Ministerio de Transición Ecológica
A la misiva de Yllanes le siguió el envío de manera informal de la propuesta para validar las restricciones, con el fin de encontrar un consenso, la cual, a fecha actual, no ha sido contestada, a pesar de que “reiteradamente”, durante todos estos meses precedentes, se ha solicitado el pronunciamiento oficial, según apunta Malagrava a este periódico.
La falta de respuesta resulta muy sorprendente, máxime cuando el director del Gabinete de Teresa Ribera, Marc Pons, que fue precisamente el consejero balear que promovió la polémica legislación, publicó en Twitter al poco de aprobarse la Ley de Cambio Climático estatal que, “previa petición, se consolidará” la limitación.
Con el nuevo movimiento del Gobierno autonómico, que se podría plasmar en una norma “entre junio y julio”, se pretende garantizar el acomodo legal y el cumplimiento de las prohibiciones a la circulación de 2025 y 2035, que se han planteado, recuerda Malagrava, “por emergencia climática no para ir contra ningún sector en concreto“.
La regulación de los requisitos mínimos de las ZBE se va a “consensuar” con los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, unos organismos que, a posteriori, tendrán que definir en detalle las características que tendrán sus espacios de circulación restringida, que tendrán que estar en funcionamiento antes de 2023 como fija la legislación estatal.
La propuesta inicial de Baleares para prohibir el diésel
La comunicación preparada por la Consejería de Transición Energética de las islas para el grupo de trabajo de técnicos con el Ministerio de Ribera exponía, como norma general, que la limitación a la circulación de los vehículos diésel y con emisiones a partir de enero de 2025 y 2035, respectivamente, no afectaba a todos aquellos modelos matriculados en la autonomía y que paguen el Impuesto de Circulación con fecha anterior al inicio de cada uno de esos años, es decir, se restringen los recorridos de los nuevos.
Aparte de ello, como excepciones, se contemplaban todos aquellos coches de “servicios públicos”, en los que no se pudiera encontrar un relevo tecnológico de propulsión fácilmente.
Por todo ello, quedaba descartado inicialmente que se permitiera la entrada al territorio insular de los automóviles de combustión, por ejemplo de turistas, cargados en ferry.
