La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha adelantado que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 reducirán la bonificación fiscal al diésel de forma que pase a tributar 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales, mientras que la gasolina continuará en una tasa de 40,07.
Según los cálculos de Hacienda, para llenar un depósito de 50 litros de gasóleo se encarecerá en 2,3 euros, incluido también el IVA. En el conjunto del mes, Montero prevé que para un automovilista que haga una media de 15.000 kilómetros al año el sobrecoste será de 3,45 euros.
Montero ha señalado que este incremento de los impuestos al diésel, que ya se había contemplado en las fallidas cuentas de 2019 –en 2020 están prorrogadas las del ejercicio anterior, que provienen a su vez de las de 2018–, “no tiene intención recaudatoria”, sino que se hace porque la diferencia de gravámenes entre los dos carburantes mayoritarios “no tiene razón de ser”, por lo que el Ejecutivo trabajará para igualar ambas tasas. Aunque en ningún caso afectará al combustible profesional y bonificado.
De esta forma, subrayó, se incentiva un cambio de hábitos en la automoción, a la vez que se refuerzan los “comportamientos protectores con el medio ambiente” y se penalizan los que lo perjudican, dentro del “compromiso firme de Pedro Sánchez” de reforzar la fiscalidad verde, que se encuentra “por debajo de nuestro entorno”.
La medida tributaria se calcula que supondrá en ingresos públicos para el Estado 507 millones de euros, que se desglosan con una entrada en caja de 455 millones en 2021 y 52 millones en 2022.
Esta previsión de recaudación es inferior a la que se fijó en el Proyecto de cuentas de 2019, que se situaba en 632 millones, lo que se explicaría por los menores movimientos que se esperan en las carreteras a raíz del coronavirus.
En la propuesta frustrada para el curso pasado, el Ejecutivo estableció que el 30% de lo que se recaudara de más por la subida fiscal al diésel se destinaría a un plan para fomentar la movilidad sostenible en 2020. En este sentido, se dibujó un programa de 189,6 millones.
Aplicando, si se diese el caso, esta misma decisión de reparto de los ingresos adicionales –habrá que ver el detalle de las cuentas mañana, una vez se presenten en el Congreso–, se obtendría una herramienta de incentivos de 152,1 millones, una cifra que contrasta con los 100 millones que se han movilizado este curso con el Moves II y con el planteamiento de Anfac de lanzar ayudas por 450 millones para la tercera edición.
Otro capítulo que habrá que aclarar es si el Gobierno adoptará alguna medida para evitar que el incremento al gasóleo afecte a los profesionales que no se acogen al esquema de bonificaciones actual, por ejemplo, todos aquellos transportistas con vehículos de menos de 7,5 toneladas, que representan a un tercio del sector, que concentra en total 450.000. Para estos casos y otros, como los visitadores médicos y los comerciales –en definitiva, aquellas profesiones que dependen del coche–, se apuntó cuando se presentaron los Presupuestos de 2019 que se estaba estudiando implementar una fórmula para separar el uso profesional del personal para determinar posibles devoluciones de impuestos.