El sector de los componentes en España, al igual que la mayoría de su entorno, se ha visto empujado a frenar su producción de forma drástica durante las últimas semanas, debido al avance del Covid-19. Así, una industria que supone 37.170 millones de euros en facturación anual y un 75% de la cadena de valor en la fabricación de un automóvil, según los últimos datos de Sernauto, podría estar perdiendo algo más de 100 millones diarios.
La Tribuna de Automoción ha analizado la actividad de 13 de los grandes proveedores en el país, concluyendo que todos han decidido pactar ERTE (o se encuentran aún negociándolo) con sus respectivos comités de empresa. De ellos, hasta siete lo han hecho por causas de fuerza mayor —Benteler, Faurecia, Ficosa, Gestamp, Lear, Michelin y ZF—, y seis, por causas organizativas y productivas —Antolin, Bosch, Bridgestone, CIE Automotive, Lear y Magneti Marelli—.
Las regulaciones laborales acordadas con sus respectivos comités en las 136 plantas que han sido objeto de estudio de este medio incluyen en su mayoría con una compensación del 85% del salario bruto (siete firmas), mientras que Ficosa, por ejemplo, la reduce al 80%, y la germana Benteler, al contrario, ha llegado al 100% de la retribución base.
Sin embargo, y aunque el contexto está desarrollándose con crudeza y afecta ya a los más de 230.000 empleos directos y 372.000 indirectos que reseña la patronal, lo cierto es que los paros en la producción de esta industria no se produjeron de golpe, ya que, si bien muchos de los centros trabajan casi en exclusiva para proveer a las marcas de coches que operan en nuestro país —y por tanto cesaron justo después de ellas en los primeros días de aislamiento—, otros mantuvieron parte de su actividad al depender más de las exportaciones.
No obstante, el decreto del Gobierno del pasado 29 de marzo, el cual obligaba a no operar a aquellas ocupaciones «no esenciales», hizo que la gran mayoría de empresas que permanecían aún activas se vieran obligadas a afectar a toda la plantilla dentro de los ERTE; pese a que la situación no es definitiva y deberá ser ratificada en el Congreso, donde podría no salir adelante por bloqueo de la oposición.