Las 17 comunidades autónomas van a terminar 2018 con una inversión de 22,25 millones de euros en planes de ayudas a la movilidad eficiente, entre ellos para la adquisición de vehículos, la renovación de flotas de taxi y las públicas y la instalación de infraestructura de carga, según los cálculos realizados por La Tribuna de Automoción a partir de información facilitada por cada una de las autonomías. Este desembolso no será complementado como en otros años con la aportación estatal, puesto que los fondos aprobados en los actuales Presupuestos Generales no se movilizarán hasta comienzos de 2019, cuando está previsto que el IDAE publique las bases de un programa con 60 millones de euros.
De todas las regiones hay cuatro, Aragón, Galicia, Extremadura y Murcia, que no han dedicado dinero. Resulta sorprendente el caso aragonés, donde desde el departamento de Prensa de la Consejería de Economía se ha señalado que el director general “no ve recorrido alguno” en el futuro a las cuestiones sobre programas de ayudas a la compra de vehículos y para instalación de puntos de carga. Hay que recordar que la fábrica de Opel Figueruelas (Zaragoza) comenzará a producir en poco más de un año la versión eléctrica del Corsa.
Entre las que sí han reservado dotación, las que han destinado partidas más voluminosas han sido Andalucía, la Comunidad de Madrid y Baleares, con 6,9 millones, 5,5 millones y 2,2 millones, respectivamente. En el caso andaluz, esa cuantía resulta de dividir los 20,7 millones de la línea Redes Inteligentes entre los tres ejercicios que está vigente el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020.
Principales focos
Las medidas más comunes puestas en marcha por las comunidades son las relativas al fomento de la red de carga, donde destacan Baleares y la Comunidad de Madrid, que han invertido durante este año 1,9 millones y 1,5 millones, respectivamente. Aparte de estas iniciativas, las siguientes más repetidas son las de compra de vehículos de energías alternativas (para particulares y empresas), habiéndose aprobado planes en Asturias, País Vasco, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Una acción que está cogiendo peso es la de las deducciones fiscales, que evitan los parones de los programas de ayudas. En estos momentos, los ciudadanos de La Rioja y Navarra pueden beneficiarse de ellas y está previsto que el año que viene se implante también en Castilla y León. En el apartado fiscal, asimismo, es relevante la propuesta del Gobierno canario para incluir en los Presupuestos de 2019 la supresión del IGIC (el equivalente al IVA) para bicicletas y vehículos eléctricos e híbridos que no superen los 110 gramos de CO2 por kilómetro.
Aunque en el mapa autonómico la mayoría de los territorios apuesta en la actualidad por planes anuales parece que se está extendiendo la introducción de estrategias plurianuales, como ya sucede en Cataluña, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Ignacio Anasagasti / Pablo M. Ballesteros / Adrián Vega / Madrid
