Ha tardado lo suyo el poder público en atender una de las demandas más razonables a favor de la movilidad ordenada en las vías y aceras urbanas. Ambos escenarios han sido víctimas de un caos que obliga, con la fuerza de la lógica, a la necesaria regulación del uso y circulación de los llamados VMP (Vehículos de Movilidad Personal).
A partir del próximo 2 de enero, por ley, los patinetes eléctricos estarán obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil para circular. El vacío legal en la materia, desgraciadamente, ha durado bastante tiempo, pero, en fin, me acojo al recurso refranero de siempre mejor tarde que nunca, aunque es una normativa impuntual por tardanza.
Embridar este asunto es un ejemplo palmario de la fina sensibilidad del progresismo de sofá con la cuestión ecológica, susceptibilidad ésta que no se ha acompañado al mismo paso con la otra de calado similar, cuando no superior, de la seguridad vial.
Estos vehículos han colonizado las calzadas (inexistentes sin la presencia automovilística). Llegan a ellas tarde y alegan que son suyas sin el preceptivo abono de las tasas e impuestos que se imponen a los automovilistas
Muchos expertos, que lo son por el conocimiento técnico de la cuestión, y no por los oportunismos de la conveniencia política, se han hartado de avisar del disparate que suponía la convivencia en un mismo entorno de mecanismos móviles con registros dispares en masa y velocidad, factores que, recuerdo de mi bachillerato de ciencias, conformaban, en operación de multiplicación, la fórmula física de la fuerza.
Hasta la caída del caballo de los políticos y legisladores, los nuevos MVP —de nuevo un acrónimo ayuda al despiste—; es decir, bicicletas, patinetes y demás artilugios de tracción de sangre o fuente energética doméstica, han jugado con la ventaja del ecologismo benefactor concedido por determinados grupos de presión, a los que hay que reconocerles que han gestionado con beneficio para sus intereses sus fortalezas y vulnerabilidades.
Estos vehículos han colonizado las calzadas (inexistentes sin la presencia automovilística). Llegan a ellas tarde y alegan que son suyas sin el preceptivo abono de las tasas e impuestos que se imponen a los automovilistas. En su uso se revisten de la fortaleza de las debilidades compasivas, y tienen razón: están fuera de su ámbito de equilibrio de fuerzas con la circulación dominante del coche. Ocupan también, y lo proclaman como derecho inalienable, el terreno de las aceras abonado para el transeúnte. Aquí, la fórmula de la fuerza les da toda la ventaja, respecto a la carrocería de carne y osamenta del peatón. A estos sistemas de transporte personal, y sus defensores, les subyuga el manejo continuo a favor del desequilibrio provechoso entre lo ancho y estrecho de las leyes del embudo.
Con todo, el agravio soberano es que, mientras un automovilista se encuentra encapsulado en todos los sistemas de control y seguimiento administrativos, en cuanto a identificaciones, localizaciones, revisiones, reparaciones y sanciones; patineteros, ciclistas y otros elementos del grotesco espectáculo de la movilidad ecologista de salón, se refugian en los anonimatos y en la irresponsabilidad del si te he visto no me acuerdo, cuando se trata de responder a las siniestralidades propias. Y no por su culpa, admítase. Se les ha facilitado desde la pereza legislativa para todo lo que suponga modificación de privilegios de las nuevas dogmáticas civiles.
El proyecto de ley ha sido aprobado en Consejo de Ministros y ya tiene base en algunas trasposiciones de directivas europeas. El 2 de enero se dispondrá de un registro de estos vehículos
Las estadísticas a las que tan receptivos son los responsables de tomas de decisión administrativas no dejan lugar a dudas. Según el último informe de la Fundación Mapfre, de marzo de este año, con datos referidos a 2024, en ese ejercicio murieron en accidente 14 usuarios de VMP. El registro absoluto contrasta con el relativo, un 23 % más que en 2023, un incremento considerable.La fundación hace hincapié en las alusiones al buen uso, sobre todo de los patinetes eléctricos, en la obligación de usar casco, de respetar las zonas peatonales, de dotarse de equipamiento lumínico en el vehículo y en otros requisitos más que, desde el testimonio visual de la calle, dejan bastante que desear en su cumplimiento.
El propósito de corrección de este vacío normativo está en marcha. El proyecto de ley ha sido aprobado en Consejo de Ministros y ya tiene base en algunas trasposiciones de directivas europeas. El 2 de enero se dispondrá de un registro de estos vehículos. Ojalá que el constante encanallamiento parlamentario entre Gobierno y Oposición no dé al traste con una normativa necesaria y urgente para el buen orden ciudadano y su escenario vital de la calle.