Hay lemas, frases cortas que se utilizan en la comunicación pública, que resultan indestructibles. El último sobre la mesa fue concebido por los sindicatos y partidos de izquierda y prometía un viaje hacia el edén laboral: «Trabajar menos para vivir mejor». La idea es acabar con una legislación aprobada cuarenta años atrás y plasmada en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 34, que fija la jornada laboral en 40 horas semanales. El proyecto era situarla en 37,5 horas a la semana. Un fiasco.
Los afectados son doce millones y medio de trabajadores de los veintidós millones que cotizan a la Seguridad Social. Datos frente a los que se deben hacer una reflexión básica. Los partidos políticos se presentan a las elecciones enarbolando la bandera de gobernar para las mayorías, incluso para todos, si obtienen la confianza ciudadana. Es obvio que en este caso, con los datos en la mano, se rompen discursos y programas.
El núcleo de la cuestión no está en los aspectos cuantitativos del proyecto, sino en responder a la pregunta de «quién manda aquí»: Gobierno, oposición, sindicatos o patronal
Reducir la jornada laboral y mantener el salario es obvio que puede convertirse en un obstáculo difícilmente superable para empresas de mínimo calado que quizás necesiten flotadores públicos en forma de bonificaciones en las contrataciones o ayudas directas. Visto desde otro ángulo, esa reducción del tiempo laboral, en circunstancias de empuje económico como el que vive el país, también pudiera ser un impulso en la creación de puestos de trabajo para las nuevas generaciones. La cobertura de cuarenta millones de horas extra que, según denuncian los sindicatos, a menudo no se abonan pudieran servir a ese fin.
El núcleo de la cuestión no está en los aspectos cuantitativos del proyecto, sino en responder a la pregunta de «quién manda aquí»: Gobierno, oposición, sindicatos o patronal.
Los empresarios defienden a capa y espada que la reducción de la jornada debe discutirse en la negociación colectiva y no por ley. Y aquí surge el primer escollo. Hay sectores, y en particular en empresas productivas, en que la presencia sindical fuerza el pacto de reducciones de jornada; pero otros muchos, la mayoría, no tienen suficiente músculo sindical para plantear esa medida en una negociación colectiva. Es la lucha de David contra Goliat o el principio capitalista de quien paga manda.
El Gobierno aspira a cumplir una promesa electoral de calado. Los sindicatos, en cuarto menguante, quieren mantener su statu quo en el debate público. Y los partidos de la oposición, ansiosos de poder, solo sueñan con acabar con el Gobierno. En el caso que nos ocupa no hubo noticia. Izquierda y derecha votaron en el Parlamento en direcciones contrarias y las 37,5 horas han quedado aparcadas para otra ocasión. Fue el retrato de una patada en el trasero de los trabajadores. Para doce millones, vivir mejor tendrá que esperar. Y endurecer el registro horario por decreto no es solución. ¡Cuánto cuesta ganar futuro!
