
El Congreso de los Diputados acaba de validar el Real Decreto-ley 3/2025 del 1 de abril por el que se renueva el plan de ayudas para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de puntos de carga, Moves III, hasta el 31 de diciembre de 2025. Contará con una dotación de 400 millones de euros, de los que ya se habrían consumido cerca de la mitad, al tener carácter retroactivo.
El programa, que ha contado con 180 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, supone ratificar el anuncio hecho el 1 de abril por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de esa fecha.
No obstante, también se ha aprobado que se tramite como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia —lo que implica reducir a la mitad los plazos habituales—, con 349 síes, lo que permitiría incluir alguna modificación durante la aprobación.
Hace 10 días, la vicepresidenta aclaró que, tal y como se había comprometido, incluirá las operaciones que se han realizado desde el 1 de enero de 2025. Esto era clave ya que al derogarse el Real Decreto-ley 9/2024 que incluía la prórroga, el pasado 22 de enero, las solicitudes hechas en 2025 no quedaban cubiertas.
214 millones perdidos por el anterior rechazo del Congreso a un Real Decreto-ley más amplio
Estos 400 millones de euros —vendrán vía crédito extraordinario de los Presupuestos Generales del Estado, puesto que se prevé que las cuentas de 2024 serán prorrogadas en 2025, según fuentes de la Administración—, no se suman a los 1.550 con los que contaba el Moves III, después de que el Gobierno prorrogase el plan el 27 de junio de 2024 para que no acabara el 31 de julio y lo hiciera el 31 de diciembre del pasado año. Entonces, a los 1.200 millones de fondos le sumaron otros 350 —200 millones de Presupuestos Generales y 150 de la UE—.
Según aclaran desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Moves III solo mantiene el dinero que ya se había transferido a las comunidades, que era de 1.335,95 millones de euros, por lo que los 214,05 restantes, hasta los 1.550, se pierden con el cierre de ventanilla. Este se produjo cuando el Congreso de los Diputados votó en contra del Real Decreto-ley previo que incluía más cuestiones además del plan de ayudas.
A los 1.335,95, se le suman los mencionados 400 millones nuevos, por lo que, en total, desde el arranque del plan en abril de 2021, habría contado con una dotación de 1.735,95 millones, 185,95 más de los que se habían otorgado en junio de 2024. Una cifra récord, que no tiene nada que ver con los 20 millones que se dedicaban, por ejemplo, en el Movalt de 2017 o en el Moves I de 2019, que contó con 45 millones.
287,37 millones en ayudas para eléctricos para todo 2025
Sin embargo, teniendo en cuenta que, a fecha de diciembre, ya se habían presentado solicitudes que, en total, sumaban 1.448,58 millones de euros —en la mayoría de las comunidades autónomas se excedía la partida asignada y estaban pendientes de pedir nuevas inyecciones al IDAE, que es el organismo que gestiona el plan a nivel central—, solo quedarían 287,37 millones de euros para todo 2025.
A ellos, al tratarse de un programa retroactivo, hay que restarle todas las operaciones que se han hecho en estos tres meses del ejercicio, tanto de vehículos, como de instalación de puntos de carga para conocer la cifra que resta para que dure estos nueve meses que quedan del ejercicio. En total, la cifra restante se situaría en el entorno de los 200 millones.
Agilización en manos de las CCAA
Otra cuestión muy demandada es la agilización de las ayudas para que los interesados puedan cobrarlas antes y no tengan que esperar más de un año. En este sentido, Aagesen aclaró que se ha incluido una media para que las autonomías puedan «hacer una tramitación más simplificada». Esto incluiría una gestión «más reducida en el número de documentos que se tienen que presentar», con ello esperan una respuesta «más rápida».
Desde el Ejecutivo han aclarado a La Tribuna de Automoción que se trata de que las comunidades podrán solicitar «una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003 (el General de Subvenciones), aprobado por el Real Decreto 887/2006».

Esto, según el texto legal, para la compra de un vehículo o un punto de carga, supone disponer de una memoria que indique las actividades realizadas; una relación clasificada de los gastos e inversiones, con fecha de pago o presupuesto estimado, y el detalle de otros ingresos o subvenciones de esa operación.
Además, «el alcance será detallado por las correspondientes convocatorias de ayudas de las comunidades autónomas». Esto significa que serán los Gobiernos regionales los que decidirán si flexibilizan o no el programa.
No obstante, recuerdan que hay regiones que han gestionado el 90% de las solicitudes y otras que no llegan al 25%. Por ejemplo, Extremadura llevaba un 89%, a 27 de diciembre, y Asturias un 24%, a 4 de diciembre, según datos del IDAE.
Prórroga de la desgravación en el IRPF
En el Real Decreto-ley, además de las ayudas directas a los eléctricos, también se incluye la prórroga de la desgravación en el IRPF del 15% en la compra de un coche eléctrico, hasta los 3.000 euros, y en la instalación de un punto de carga, con un tope de 600.
Con la votación a favor del Congreso se pone fin a una inquietud que todavía no se había notado en el mercado. Cabe recordar que en este 2025, sin ayudas, los vehículos eléctricos suman 23.794 unidades (+57,7%) —19.733 automóviles, +69%—, según la asociación del VE Aedive.
No obstante, tanto esta patronal como el resto apuntaban a que los buenos datos se debían a que se estaban matriculando las reservas que se habían realizado en 2024, cuando aún había incentivos.