A pesar de que en España hay 40.438 puntos de carga, con 4.905 de más de 50 kW —según los datos a 31 de diciembre de 2024 del anuario de la movilidad eléctrica de Aedive, la asociación que representa al sector—, es poco habitual que los conductores se encuentren con señalización en las carreteras que indique de su presencia en las áreas de servicio.
Según ha podido saber La Tribuna de Automoción, esto se debe a dos cuestiones. Tal vez la más relevante es el coste, puesto que se estima que la inversión que debe hacer el propietario de los servicios es de entre 50.000 y 60.000, a razón de unos 20.000 euros por señal. En esa cifra, está incluida la fabricación de la señal, la tramitación y su instalación, pero no el mantenimiento.
Este desembolso se debe, en parte, a que es necesario instalar al menos tres carteles, el primero, unos centenares de metros antes de la salida para anunciar que hay un emplazamiento con cargador, el segundo en la propia salida de la vía y el tercero en las inmediaciones de la estación.
Los encargados de instalar las señales son los propietarios de los puntos de carga
La segunda, que tampoco es menor, es que el deber de instalar los indicativos no es de los gobiernos, sino que deben ser las compañías que ofrezcen los servicios (ya sea un cargador, un hotel o en restaurante) las que soliciten una autorización para la instalación de los carteles a la Dirección General de Carretera. En términos legales, se trata de una solicitud de ocupación del dominio público viario con señalización de servicios.
El coste y que sean los dueños de las instalaciones los encargados de la asumirlo, acompañado de que la infraestructura de carga por ahora no es un negocio demasiado rentable —según los datos de Aedive solo se utilizan el 5,8% del tiempo o lo que es lo mismo, 22 horas y 37 minutos al día están paradas—, parece el motivo por el cual, a pesar del número de puntos que hay en la geografía española aún no se señalizan.
La documentación que deben presentar los dueños de las estaciones de servicio
El proceso para contar con indicativos tampoco es fácil. El interesado debe acompañar la solicitud con un proyecto en el que explique cómo va a ser la señalización, dónde la va a colocar, qué tamaño tiene, los materiales que empleará, el tamaño de la letra, a qué distancias se pondrá y el presupuesto que conllevará; como si fuera un proyecto normal de ingeniería. Después la Dirección General de Carreteras analiza la petición.
En función de esa documentación técnica y de si cumple las normativas se le da o no autorización. Lo que conlleva algo de tiempo.
Desde que se autoriza, el interesado hace el pedido a la empresa proveedora y una vez producido el cartel se toman las medidas adecuadas para garantizar que no produce una afección al tráfico, ya que puede haber cierto movimiento de tierras para poder meter los pilares metálicos y hay que estrechar los carriles, por lo que hay que indicarlo provisionalmente. Por lo tanto, no se trata de algo rápido, porque el fin supremo de la Administración es proteger la carretera y la circulación.
Unas 60 peticiones de señalización de los puntos de carga hasta la fecha
En principio, se habría pedido autorización para alrededor de 60 emplazamientos, que estarían siendo tramitados. De ellos, unas 50 solicitudes llegaron en noviembre diciembre de 2024.
A pesar de que no es una cuestión que sea responsabilidad de la Administración, esta ha realizado la gestión de los indicativos de 28 emplazamientos —por la relevancia de algunos puntos en concreto—, cuyos gastos correrán de su cuenta.
Dos millones de euros de inversión estatal
Estas señales, que implican una inversión total de alrededor de dos millones de euros, ya cuentan con el visto bueno de la Dirección General de Carreteras y se ha remitido a las demarcaciones la orden para que empiecen a prepararlas. Al respecto, están trabajando para diseñar esa señalización, en cuestiones como tamaño, contenido, retrorreflectancia (que no deslumbren con las luces de los coches) y que respeten los gálibos.
Además, fuentes estatales han explicado a esta publicación que instalarán más señales en la medida que el presupuesto lo permita. No obstante, existe el riesgo de que el hecho de que el Estado lo haga de oficio puede suponer que los operadores paren la gestión de la instalación de carteles a la espera de que sea la Administración la que se encargue de ello.
No se debe sobrecargar la carretera y tampoco hay intención publicitaria
Este tipo de señales no es un tema menor, de hecho, se trata de una de las grandes reivindicaciones del sector. Este argumenta que para que los conductores que emplean automóviles de combustión sean conscientes de la red de cargadores que hay, lo que podría incentivar la compra de eléctricos, tanto Aedive como la patronal de fabricantes de vehículos de Anfac piden a la Administración que instale paneles en las carreteras mostrando las salidas en las que se encuentran.
En este sentido, fuentes de la Administración han aclarado a La Tribuna de Automoción que la señalética no está pensada para hacer publicidad de nada en concreto, por muy noble que sea su fin. La intención no es promover la compra de cero emisiones, sino incrementar la seguridad y la comodidad de los usuarios de las carreteras. Además, avisan de que sobrecargar de indicativos la vía es perjudicial para una conducción segura.
En cualquier caso, el procedimiento en la instalación de señales de servicios está regulado por la Ley de Carreteras y el Reglamento de Carreteras, la Norma 8.1-IC de señalización vertical y la Orden Circular 1/2024. Un entramado legal que no permite correr mucho, pero que es garantista con el confort y la protección de los conductores al volante.
