La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) esta mañana ha hecho un llamamiento «urgente» a la Comisión Europea para que evite que se impongan los impuestos acordados tras el Brexit a los vehículos eléctricos comercializados entre la UE y el Reino Unido a partir de enero de 2024.
Estas normas consisten en que el 45% del valor de un eléctrico debe proceder de Reino Unido a partir de 2024 para evitar un 10% en aranceles. Según la ACEA, esto «podría costar a las empresas de automóviles de la Unión Europea 4.300 millones de euros en los próximos tres años». Además, añadieron que podría reducir la producción de eléctricos en unas 480.000 unidades.
Esta petición llega días después de que el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, declarara a The Guardian que «si algo se ha negociado, no debería cambiarse».
Además, Breton agregó al diario británico que «la industria del automóvil no está formada sólo por los fabricantes, sino también por los cientos de miles de empresas que suministran todo lo necesario para un coche, incluidos los proveedores de baterías. Es una cadena de suministro global. Yo lo llamo el ecosistema, y tengo que mirar, como comisario de Industria, no a una sola parte de este ecosistema, sino a todo su conjunto».
La posición de las empresas
A finales de mayo de este año, algunos de los fabricantes más importantes que operan en Reino Unido instaron tanto al país británico como a la UE una renegociación de estas normas de origen. Stellantis lanzó una dura advertencia: Si no se levantaban temporalmente los aranceles, podría verse obligada a cerrar sus operaciones en las islas, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo.
El presidente de ACEA y CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, declaró en el comunicado de la asociación que «aumentar los precios al consumidor de los vehículos eléctricos europeos, justo en el momento en que tenemos que luchar por una cuota de mercado frente a una feroz competencia internacional, no es la decisión correcta».
«Europa debería apoyar a su industria en la transición a cero emisiones netas, como hacen otras regiones, en lugar de obstaculizarla», añadió de Meo.