Dado el impacto socioeconómico que podría acarrear el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del Pacto Verde, el pasado 24 de junio de 2021, la Comisión Europea creó el Fondo de Transición Justa, incluido dentro del Mecanismo para una Transición Justa, como un instrumento para apoyar a las regiones durante este proceso hacia la neutralidad climática de aquí a 2050.
Sin embargo, el pasado día 16 de junio la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo presentó un proyecto de informe de iniciativa propia (INI) sobre «la remodelación del futuro marco de los Fondos Estructurales de la UE para apoyar a las regiones especialmente afectadas por los retos relacionados con las transiciones automovilística, ecológica y digital».
Este documento, que consta de 25 propuestas y va dirigido a la Comisión, reconoce, respecto a la industria del automóvil, que «la adopción de tecnologías de emisión cero y de bajas emisiones reconfigurarán los modelos de negocio y las cadenas de valor dentro del sector y conllevarán importantes cambios laborales y sociales, con pautas variables en función de las regiones».
Es por esto que la ponente de este INI, la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, pide «ampliar su alcance [del Fondo de Transición Justa] y crear un instrumento financiero que apoye también a las regiones más afectadas por la transición digital y la automotriz».
Entre otras medidas, el informe subraya la necesidad de garantizar un trato justo a las pymes en la distribución de los Fondos Estructurales (haciendo hincapié en la simplificación de los trámites administrativos), pide la creación de un nuevo Fondo de Transición Justa 2.0, en el periodo posterior a 2027, «que debe dotarse de más recursos financieros, tener un ámbito de aplicación más amplio, e integrarse plenamente en el Reglamento sobre disposiciones comunes» y sugiere que la política de cohesión siga un enfoque más diferenciado y específico, apartándose del uso de criterios relacionados con la renta.
«La transición al vehículo eléctrico va a tener un impacto enorme en toda la UE, pero especialmente, en aquellas regiones cuyo PIB depende de la industria del automóvil, como Galicia, Castilla y León o Aragón. Debemos ir por delante del impacto negativo de las políticas verdes, para lo que pedimos un fondo de transición 2.0 para fomentar el empleo y la recapacitación de todos los trabajadores», explicó Solís.
De la misma forma, incidió en…
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