El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha denunciado que cuando la Comisión Europea ha planteado en el Reglamento para la Implantación de una Infraestructura para Combustibles Alternativos (AFIR) —tras el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo está pendiente su próxima publicación en el boletín oficial de la UE— unos objetivos vinculantes de puntos de carga a los estados miembros, estos «han rechazado un régimen sancionador», lo que «significa que todo este proceso [de la descarbonización del transporte] acaba con que solo hay un sector que está penalizado si no cumple, que es la automoción».
«Cuando el resto no asume, entiendo, un compromiso igualmente exigente debería llevar penalizaciones, empezando por los países», ha sentenciado el portavoz de la patronal en una rueda de prensa, en la que se ha presentado una actualización de su Mapa de Infraestructura de recarga de acceso público para que España pueda alcanzar los nuevos objetivos del Fit for 55.
López-Tafall ha explicado que la semana pasada estuvo en Madrid la directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos (ACEA), Sigrid de Vries, y que en las reuniones que mantuvo —según fuentes del sector se citó con el ministro de Industria, la de Transición Ecológica y con responsables de Presidencia de Gobierno— este «fue uno de los puntos que se destacó». «No he leído que ningún país haya pedido las sanciones, tampoco España, pero nosotros sí estamos penalizados y las ambiciones cada dos años nos aumentan», puntualizó.
Frente a los objetivos que Bruselas ha marcado a la industria del motor, de una reducción de emisiones para automóviles y comerciales, respectivamente, del 55% y del 50% en 2030 y del 100% en 2035 —si no se alcanzan, existen fuertes castigos económicos para las marcas—, el responsable de Anfac ha indicado que «se requieren intervenciones en paralelo, para que el mercado de electrificados y la red de carga avancen», es decir, que haya «un impulso acompasado». Todo ello bajo un prisma, añadió, de que, en el caso de nuestro país, «se haga manteniendo la producción y el empleo, porque somos la segunda potencia fabricante europea y gran parte de la balanza exterior depende de la automoción».
Un parque de 4,3 millones de turismos y comerciales ligeros electrificados en 2030
Considerando las metas mencionadas, la patronal de constructores estima que el parque de turismos y comerciales ligeros eléctricos e híbridos enchufables debería alcanzar los 4,3 millones de unidades en 2030 en España, frente a los 3,4 millones que se establecía en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) —su versión final se adoptó en marzo de 2021—, un documento que fijaba un ajuste de CO2 del 33% para finales de década.
A partir de esa cantidad de vehículos se determina que en esa misma fecha la cuota de mercado de esas tecnologías tendría que ser del 60,6% —45,3% para los VE, 14,3% para los PHEV y 1% para los de pila de combustible de hidrógeno—, en comparación con el 40% que se necesitaba para hacer realidad los objetivos del programa nacional climático.
Para 2035, por su parte, la nueva propuesta consiste en que haya 9,8 millones de coches en las vías, una cifra que se acompañaría de la obligada penetración del 100% de las mecánicas cero emisiones que impone la UE.
Con estas proyecciones comerciales, se calcula que las entregas de vehículos electrificados deberían ser de 190.000 unidades en 2023, de 787.800 en 2030 y de 1,3 millones en 2035, frente a una tendencia actual que deparará en esos años un saldo respectivo de 99.139, 280.151 y 550.000.
En cuanto a los puntos de carga, partiendo de la foto de marzo de este curso en la que había operativos 20.243 de acceso público, Anfac considera que para cumplir el Fit for 55 se requieren 45.063 este ejercicio, 300.301 a finales de década y 613.017 un lustro después.
Más potencia y menos cargadores
En los cálculos de la asociación para elaborar su mapa de infraestructura de recarga se han tenido en cuenta los objetivos vinculantes estipulados en AFIR para los estados miembros, que consisten en que por cada eléctrico y por cada híbrido enchufable haya 1,3 kW y 0,8 kW, respectivamente, de potencia instalada de enchufes en 2030, a lo que hay que sumar una serie de exigencias de estaciones en la denominada red transeuropea de transporte (RTE-T), tanto la básica como la global, en 2025, 2027, 2030 y 2035.
No obstante, Anfac, en línea con ACEA, ha aplicado en su metodología un criterio más estricto, que contempla, por ejemplo, que estén en funcionamiento para cada VE y PHEV 3 kW y 2 kW, debido a que así se requiere a tenor «de la evolución tecnológica de los vehículos», tal y como explicó la directora del área de Industria y Medioambiente, Arancha García, quien también intervino en la rueda de prensa.
Fruto de este cambio se pasaría de un escenario de 322.000 puntos públicos en España para finales de década, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, según los cálculos de la patronal, a otro de cerca de 300.000. En Europa, en cambio, se iría de uno de 4,1 millones a otro de 7 millones.
La monitorización, clave
Para garantizar el cumplimiento de las metas del AFIR, los responsables de Anfac subrayaron que es fundamental que exista una gobernanza estatal para coordinar el desarrollo de la infraestructura. En este sentido, García recordó que en el reglamento se menciona que «gran parte de los estados, sobre todo los que están a la cola —España sería uno de ellos—, carecen de metodología para fijar objetivos ambiciosos».
De este modo, la directora defendió que es clave que «se calendarice año a año y si la senda no es la adecuada se puedan tomar medidas correctivas», una forma de trabajar que, además, permitiría que se supiera «la inversión necesaria para el despliegue» de puntos.
La propuesta de legislación, explicó García, determina que el número de tomas será monitorizado por el ejecutivo comunitario en 2025 y 2030.
Con el horizonte que existe por delante tras la aprobación de la AFIR, López-Tafall, a preguntas de La Tribuna de Automoción, insistió que siguen apoyando que en España se aprueben unas metas vinculantes, algo que planteó el Partido Popular en una enmienda en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha decaído con el adelanto electoral.
