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Anfac: «El Gobierno se ha dado cuenta de la gravedad de la Euro 7»

El director general de la patronal de fabricantes española Anfac, José López-Tafall, manifestó en el foro anual de su organización que pedirán al Gobierno una revisión completa de la normativa de emisiones Euro 7 y se mostró confiado de que escucharán su petición, pues el Ejecutivo «se ha dado cuenta de la gravedad» de la propuesta de la Comisión Europea para esta regulación.

Ley de distribución indemnizaciones concesionarios
Archivo. El director general de Anfac, José López-Tafall, en la apertura del Foro La Movilidad de tod@s de la patronal de fabricantes.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que «el Gobierno se ha dado cuenta de la gravedad de la Euro 7» planteada por la Comisión Europea, por lo que confía en que apoye una revisión de las medidas puestas sobre la mesa por Bruselas. De hecho, debería hacerlo antes de que asuma la presidencia rotatoria de la UE el 1 de julio, ya que, desde su punto de vista, hace falta un liderazgo comunitario ya y «la propuesta no es viable».

Una de las bazas positivas para que España apoye el cambio es que, en esta negociación en el Consejo de la UE, es el Ministerio de Industria el que está encabezando las conversaciones y esta cartera está «muy alineada con la posición del sector», porque el «mayor impacto lo tendrán las fábricas españolas».

De hecho, el presidente de la patronal, Wayne Griffiths, expuso en la apertura institucional que, como la regulación planteada «va a afectar sobre todo a los coches más pequeños, que son los más vendidos en Europa y fabricados en España, se pone en riesgo la competitividad de nuestra industria». «Si se pone en marcha, hay riesgo de cerrar plantas y que se pierdan miles de empleos en el país», debido a que «la mayoría de vehículos desaparecerían si entra en vigor en julio de 2025», sentenció.

Durante el Foro Anfac, La Movilidad de Tod@s, López-Tafall destacó que van a solicitar al Gobierno que apoye «una revisión completa», que es «inevitable, al menos, en las emisiones de tubo de escape». Esta petición cobra especial relevancia, toda vez que, como apuntó, la tramitación de la nueva regulación será «uno de los dosieres estrella durante la presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023». Si bien en este momento, nuestro país deberá tener una posición más neutral.

El director general explicó que la automoción es el único sector industrial en Europa que tiene que modificar por completo su tecnología en 12 años –en 2035, no se podrán comercializar vehículos ligeros con emisiones–, algo que ni siquiera se le ha exigido al de la electricidad, que está subvencionado desde 2002.

En paralelo a este objetivo, añadió que los fabricantes tendrán que afrontar todo «un reto tecnológico» con el futuro estándar medioambiental, que supondrá que se tengan que destinar «importantes inversiones para los motores de combustión» cuando se van a dejar de vender en poco más de una década. «Es una paradoja», lamentó, para puntualizar que se detraerán recursos para la electrificación en favor de «productos cuya amortización no es posible» y, además, para conseguir, «en los escenarios más estrictos de la propuesta», reducciones mínimas de emisiones, de un 4% en turismos y comerciales y de un 2% en camiones, según ACEA.

Aparte, el presidente de las marcas aseveró que los coches subirán, de media, unos 2.000 euros. Finalmente, Griffiths quiso dejar claro que no están en contra de la Euro 7, sino que reclaman «plazos que se puedan cumplir de manera fiable y ordenada, para no perder el foco en la electrificación».

Maroto: «Estaremos a la altura para buscar la mejor solución»

Tras las peticiones de los fabricantes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, declaró en su intervención que «estamos sensibilizados con la propuesta de Anfac, que es de toda la industria, junto a Sernauto, que también nos ha trasladado su preocupación». «Estoy convencida de que en estos meses que quedan de debate en el ámbito de la Comisión Europea, España tiene la presidencia de la UE en el segundo semestre y estaremos a la altura de estas reivindicaciones, que no solo hace la industria española, sino toda la europea», apostilló.

A su vez, enfatizó que, «como defensores de la industria que somos en este Gobierno, estaremos a la altura para que este nuevo reglamento, si finalmente se aprueba, que ahora mismo hay un debate abierto en el seno de la Comisión, no merme en ningún caso la competitividad de nuestro sector y tengamos en cuenta cuáles son las ventajas y los problemas que tiene».

Para tal fin, aseguró que, basándose «la colaboración público-privada en la que el Gobierno cree y desarrolla, trabajaremos con todos vosotros para tomar la mejor decisión, que no solo tiene que ver con el apoyo a nuestra industria, sino también con el compromiso de la automoción española con el cambio climático. Sois partes de solución, lo habéis dicho, todos tenemos un compromiso, también las administraciones, para que sean exitosas», remachó.

Revisar al alza las 700.000 de 2030

Durante su intervención, el director general de Anfac ha estimado que, como se indicaba en el Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Automoción, presentado por el Gobierno el 15 de junio de 2020 en la Moncloa, España deberá fabricar alrededor de 700.000 vehículos electrificados en 2030 —entonces, el Ejecutivo calculaba que se alcanzarían entre 700.000 y 800.000 unidades—, lo que supondría multiplicar por 2,6 las 268.071 de 2022, de las que 141.048 fueron híbridos enchufables y 127.028 eléctricos puros.

A pesar de que «estamos lejos», la llegada del Fit for 55 hace que esa cifra se deba «revisar al alza», según ha precisado en un encuentro con la prensa, si bien aún no han hecho el nuevo cálculo. Además, la cuota de fabricación de este tipo de vehículos es mayor que la que muestra el mercado, puesto que mientras que de las plantas salieron un 12,1% con esta tecnología —con 6,4% enchufables y un 5,7% cero emisiones—, en el caso de las ventas se sitúa en el 9,63%. Además, en 2023 se deberían vender 190.000 unidades y, a tenor de las matriculaciones de enero, no lo ve posible por lo que volvió a insistir en modificar el Moves, que no está funcionando correctamente.

Precisamente, la baja penetración de estos coches, en comparación con el resto de países del entorno, es algo que preocupa a López-Tafall, que recuerda que en Alemania alcanzó un 31,4%, Reino Unido, un 22,8% y Francia, un 21,6%.

Además, en Portugal el share ya alcanza el 21,7%, lo que demuestra que el problema no es una dialéctica norte-sur, sino que nuestro país se está quedando a la cola, con Italia, que consiguió un ratio del 9%. Por ello, y como suele hacer el presidente de la asociación, Wayne Griffiths, se volvió a preguntar para qué los constructores van a hacer un hub de vehículo eléctrico si el plan de movilidad de España pasa por que no haya coches.

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