La Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera ha hecho público que el pasado 23 de noviembre denunció a las aseguradoras y compañías de asistencia Allianz, Mutua Madrileña, RACE, RACC y Asitur ante el Ministerio de Transportes, con el objetivo de que el organismo público revise las relaciones entre ambas partes, pues considera que no se está respetando el ordenamiento jurídico en lo concerniente a su sector.
En concreto, la entidad se acoge a la definición que realiza la Ley 15/2009, del 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, mediante el que las aseguradoras adoptarían la posición de cargador, mientras que las empresas de auxilio en carretera pasarían a estar encuadradas en la figura de porteador.
Costes de combustible y derivados de la acción
Partiendo de esa premisa, señalan que no se está cumpliendo el apartado 3.4 del Anexo de Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera, aprobado por la Orden FOM/1882/2012, en el que se explica que “salvo que otra cosa se hubiera pactado expresamente por escrito, cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador podrá incrementar en su factura el precio inicialmente pactado en la cuantía que resulte de aplicar la fórmula que corresponda”.
Asimismo, apuntan que tampoco se están aplicando los preceptos recogidos en el Real Decreto-ley 14/2022, del 1 de agosto, que impiden que el pago al transportista sea de un valor inferior al total de costes efectivos incurridos o asumidos por él, es decir, que los beneficios no compensen el gasto necesario para llevar a cabo el trabajo.
Esta petición entronca con las reclamaciones emitidas durante el último año por parte de la asociación y que llevaron a convocar una huelga en agosto que finalmente no se llegó a término, así como una movilización el pasado octubre frente al Ministerio de Interior.
