La Comisión Europea ha escuchado una de las grandes peticiones de los talleres independientes y, a la vez, uno de sus grandes temores. Desde Bruselas han asegurado, tras una petición de la asociación española Conepa, que están trabajando en un protocolo de actuación para que estos puedan acceder a la información técnica del vehículo, siempre según unos parámetros de seguridad que serán impuestos desde el gobierno comunitario, para que los servicios independientes pueden reparar los vehículos en las mismas condiciones que los oficiales.
Y es que, había sospecha en el sector de que, con el aumento de la tecnología de los coches y ante el amparo de salvaguardar la seguridad de estos y sus ocupantes ante la posibilidad de que fueran hackeados, hubiera centralitas o sistemas a los que no pudieran acceder por lo que, en caso de requerir algún tipo de actuación, estas solo se pudieran hacer en los talleres oficiales, lo que supondría un monopolio de algunas operaciones.
Cuatro años de trabajo
Fue el 7 de diciembre de 2017 cuando Conepa solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el acceso a esta información técnica. Y, aunque la respuesta ha llegado ahora, cuatro años después, la realidad es que entre tanto ha habido varias reuniones en las que la entidad española le ha podido exponer la situación en la que se encuentran sus asociados y ha hecho entender al órgano europeo la necesidad de regular la situación.
Así, la Comisión hace referencia a su propio Reglamento Delegado (UE) 2021/1244, que introduce una referencia a la norma EN ISO 18541- 2014 mediante la que creará un marco de para el intercambio entre fabricantes y operadores independientes de RMI (Información técnica necesaria para reparar, mediante el establecimiento de los requisitos y procedimientos técnicos para un acceso normalizado a las web de los fabricantes).
En este mismo ordenamiento permitirá el acceso de los operadores independientes que cumplan los requisitos, siempre con bajo los parámetros adecuados de seguridad. De esta manera, los independientes que sigan con los protocolos podrán realizar este tipo de operaciones al mismo tiempo que los fabricantes tendrán la garantían de que los sistemas seguirán funcionando como corresponde.
Así, el próximo paso será la redacción de las normas jurídicas adecuadas para, después, crear un modelo de control de su cumplimiento.
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