Desde la II República y la reconstitución democrática tras el franquismo, la Generalitat de Catalunya no había estado presidida por Esquerra Republicana. Las elecciones del pasado febrero, sin embargo, supusieron la vuelta de ERC a la cabeza del Govern, tras haber estado en coalición durante varias legislaturas tanto con CiU y sus variantes como con el PSC. Un cambio político que puede suponer movimientos importantes para todos los sectores en la comunidad, incluida la automoción. Una industria que, para Roger Torrent, nuevo conseller de Empresa i Treball, «es de ámbito prioritario», según afirma en declaraciones a La Tribuna de Automoción, explicando que, una vez que se comienza a dejar atrás la pandemia, su departamento «se está volcando en revertir el máximo posible» de las dificultades generadas a las empresas por la crisis sanitaria.
Para ello, Torrent, que se ha colocado al frente de esta cartera tras haber presidido el Parlament, plantea que seguirán varias vías. Como palanca primordial, anunció a finales de junio la creación de un nuevo Pacto Nacional para la Industria entre 2021 y 2027, que incluirá puntos tanto en materia de «transformación estratégica hacia la movilidad eléctrica » como de fabricación de componentes, de baterías, de puntos de carga —y ampliación de la infraestructura— y recualificación de trabajadores fabriles.
De igual manera, el republicano ha subrayado que le darán «un impulso» a su Programa de apoyo a la industria de la movilidad y la automoción, presentado en 2020 para adjudicar ayudas por valor de 13 millones de euros a las compañías más afectadas por la Covid-19, y que se basa en cuatro ejes: innovación y nuevos modelos de negocio; internacionalización e inversión; talento, empleo y responsabilidad social; e infraestructuras de apoyo, marco regulador y estímulo de la demanda. Asimismo, aseveraba que desde el Govern tratarán de «buscar intensivamente inversiones en nuevos ámbitos de futuro», poniendo el foco en el VE, el coche conectado o la pila de combustible.
Respecto a los principales constructores ubicados en Cataluña, Torrent hacía alusión a que «vamos a estar al lado de Seat para materializar el máximo de oportunidades que se deriven» del plan Future Fast Forward, que contempla el desarrollo de una cadena de valor integral del VE en España con la fabricación de los urbanos cero emisiones del Grupo VW en Martorell a partir de 2025 —su primer acto oficial como conseller tuvo lugar en la planta de la española—. No obstante, a la hora de hablar de la situación de Nissan Barcelona, únicamente alude a que su reindustrialización «es una prioridad» y que hasta ahora han «trabajado conjuntamente con el Gobierno para encontrar una solución».
El PSC, en la sombra
Tras la investidura de Pere Aragonés, el socialista Salvador Illa anunció la creación de un Ejecutivo alternativo —al estilo de los «shadow cabinets» británicos— para tratar de presentar medidas que compitieran con las del propio Govern. En ese contexto, nombró a Óscar Ordeig responsable de Industria, y a Silvia Paneque, de Transición Ecológica.
Ambos coinciden en que los anteriores mandatarios de la Generalitat «han dejado de lado» a la automoción en la región. «La política industrial no ha sido una prioridad en los últimos 10 años, y los recortes han sido de un 70%», asegura Ordeig a esta publicación, mientras que Paneque hace referencia a que tienen «el deber y la capacidad para potenciar» el sector —al que considera «protagonista»— «en un momento clave para ser potenciado».
De hecho, la política gerundense alude a las líneas de trabajo que el PSC ha propuesto ya en el ámbito tanto industrial como energético de cara a los próximos cinco años, entre las que destacan un plan de financiación de 500 millones hasta 2023 para ayudar a las compañías a recuperarse, impulsar la Mesa de la Automoción catalana o crear un Consorcio de Industrialización y Desarrollo económico.
Por su parte, el homólogo de Torrent añade la necesidad de «impulsar el Clúster de la Automoción de Catalunya», que, a su juicio, «no ha recibido el impulso del Govern»; además de «dar apoyo a instalaciones como el Circuit Barcelona-Catalunya o el Parcmotor de Castellolí» y de «mejorar las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y tecnológicas» para llegar a «distribuir vehículos a 400 millones de personas en 48 horas» gracias a su «posición geográfica estratégica».
