La modificación de los Impuestos de Matriculación y Circulación que reclama el sector del automóvil en España tendrá que esperar. El Gobierno, dentro del plan de apoyo que ha presentado hoy para la industria del motor –que incluye un fuerte paquete de incentivos a la compra de coches–, ha dejado este asunto entre las medidas a medio plazo, concretamente para que sea abordado entre los años 2021 y 2024 en coordinación con las administraciones territoriales “en el contexto de la reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local”, con el fin de “introducir una mayor orientación ambiental en la determinación de la tributación”.
Las patronales sectoriales, Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam, apuntaron en el plan de choque que presentaron al Ejecutivo el 6 de mayo la necesidad de eliminar el primero de los tributos para sustituirlo por otro que grave con una cuota anual la emisiones de CO2 del parque, así como la modificación del segundo para que los vehículos lo abonen en función de la antigüedad (normativas Euro).
En el caso de que ninguna de estas actuaciones se pudieran concretar en el corto plazo, las asociaciones pedían, al menos, que se adapten los tramos del Impuesto de Matriculación a la homologación WLTP para evitar una “subida encubierta” a partir del próximo enero –entonces dejará de estar en vigor el valor correlado al NEDC–, y que en el de Circulación se bonifiquen al 100% los eléctricos e híbridos enchufables y quizá en menor medida los híbridos convencionales. Ambos planteamientos, habrá que ver si en los próximos meses tienen acomodo, no obstante, entre los dos, el primero cuenta ya con el beneplácito del Ministerio de Industria, aunque la última palabra la tiene Hacienda.
En el capítulo fiscal, el plan gubernamental ha incluido también una de las peticiones históricas del sector, como es ampliar la deducción en el Impuesto de Sociedades de la innovación en procesos del 12% al 25%, como ocurre con la de producto, donde España es menos intensiva. Asimismo, se permitirá desde julio y hasta fin de ejercicio, la libertad de amortización de inversiones materiales que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, con el objetivo de mantener el empleo o que se atraiga más producción al país de modelos electrificados y sus componentes.
Competitividad, la clave
El éxito en la adjudicación de nuevas cargas de trabajo dependerá del grado de competitividad de la industria y sus empresas, como subrayó el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, en su intervención en el acto presidencial. En este sentido, el Gobierno ha dedicado un pilar específico de su programa, dotado con 2.690 millones de euros.
A corto plazo, se lanzará en julio una nueva convocatoria del Plan de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, con 390 millones en préstamos a un tipo de interés del 0,1% para pymes y del 0,19% para grandes empresas –frente al 1% de la pasada edición–, en los que se ampliarán los conceptos elegibles para recibir ayudas y se permitirá que se financien proyectos iniciados el 1 de marzo de 2020. Este mismo programa experimentará mejoras en 2021 y 2022, cuando se movilizarán 1.800 millones, fijándose un fondo específico para su gestión de modo que la financiación ofrecida sea “más acorde a las necesidades [del sector industrial]” y “más flexible”.
Otra pata central para hacer más atractivo el tejido industrial se refiere a la mejora de la eficiencia en la logística, lo que se abordará en mayo de 2021. Aquí, se asumirán medidas para el transporte por carretera –uso de camiones de 4,5 metros de altura y 44 toneladas–, ferroviario –impulsar la adaptación de la red para que admita trenes de hasta 750 m de longitud, especialmente en los corredores atlántico y mediterráneo—y marítimo –se habla de estudiar medidas en el sistema portuario para bajar los costes–.
Apoyo a los retos del futuro
La transformación tecnológica que está experimentando el sector se acompañará de diferentes herramientas para potenciar la I+D+i. Este año verán la luz un programa de Innovación industrial en Hidrógeno Renovable, con 25 millones de euros, y una nueva convocatoria del Plan Moves Singulares, con 30 millones, para “proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de modelos de vehículos cero emisiones, de integración de infraestructura de recarga avanzada, redes inteligentes y vehículo eléctrico y de aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico”.
Por su parte, en julio de 2021 se potenciará la compra pública de innovación en las administraciones públicas para infraestructuras de movilidad, con una asignación de 100 millones, que se financiarán con fondos FEDER. A partir de ese ejercicio y con el horizonte hasta 2024 se destinarán 260 millones para implantar conexiones de muy alta velocidad (5G) en entornos fabriles y en corredores de transporte primarios y secundarios para poder hacer pruebas de coches autónomos y conectados.
Formación adaptada
El quinto pilar del paquete de medidas estatal contiene una serie de acciones formativas, a las que se consignan 95 millones. De este total, 25 millones, serán para un programa específico, entre 2020 y 2021, de recualificación y actualización de las cualificaciones profesionales; 15 millones, también para los mismos años, para una campaña de procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral en el sector de la automoción; cinco millones para dotar de las herramientas adecuadas a los ciclos formativos de grado medio y superior, y a las universidades para que los estudiantes puedan practicar con las últimas tecnologías; y 50 millones, hasta 2024, para un plan integral de formación en habilidades de gestión, digitalización y generación de ecosistemas innovadores en la industria del automóvil.
