Anfac y Sernauto han solicitado al Gobierno dentro del plan de choque de medidas urgentes para la recuperación de la actividad del sector del automóvil, que han elaborado junto a Faconauto y Ganvam, la aprobación de medidas de libertad de amortización en las inversiones realizadas en las plantas de fabricación para la electrificación de los vehículos y sus componentes, con el fin de poder traer “mayor producción de modelos electrificados a España”, según consta en el documento de trabajo presentado por las patronales, al que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción.
Sobre esta iniciativa, las asociaciones explican que sería de “carácter temporal” y que, por tanto, se revertiría “en el futuro”, pero que su consideración es fundamental para que las casas matriz de los fabricantes de vehículos, que no están en nuestro país, tengan un incentivo mayor para adjudicar una determinada carga de trabajo de productos electrificados a las plantas españolas en lugar de a las de otras latitudes.
En la batería de propuestas, que se presentaron oficialmente en una reunión por videoconferencia el pasado miércoles a la ministra de Industria, Reyes Maroto; a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y al director del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha, se incluye en el capítulo de impulso a la demanda la necesidad de poner en marcha un programa de ayudas “con una dotación mínima de 400 millones de euros [en el documento inicial que se presentó a mediados de abril a Industria se solicitaban al menos 300 millones, tal y como publicó en primicia La Tribuna de Automoción], prorrogables según la evolución del mercado”.
El plan, que sustituiría al Moves, apoyaría a todos los vehículos nuevos (turismos, comerciales o industriales), independientemente de su fuente de propulsión y con una cuantía económica gradual en función del nivel de emisiones; además de contar con una gestión a nivel nacional [algo que defiende igualmente el Ministerio liderado por Reyes Maroto] y una duración de al menos 18 meses.
Aparte de estos incentivos, sobre los cuales se pide que no tributen en el IRPF, las patronales reclaman un respaldo para el desarrollo de la infraestructura de carga en vías interurbanas, pero sobre todo en urbanas.
Un capítulo igualmente central es el fiscal, donde se solicita la eliminación del Impuesto de Matriculación, para sustituirlo por otro también con carácter autonómico y estatal pero que grave el parque circulante según sus emisiones de CO2 con un pago anual. Si no fuese posible este cambio, se propone que al menos se adapten los tramos del tributo a las emisiones WLTP “para evitar una subida encubierta a partir de enero de 2021”, cuando queda sin vigencia el valor correlado que se aplica actualmente para ajustar los registros contaminantes a la homologación anterior NEDC.
Al margen de si se opta por una u otra vía, el sector defiende que se mantenga el Impuesto de Circulación, eso sí aplicando a corto plazo una bonificación del 100% para los coches eléctricos e híbridos enchufables –para los híbridos convencionales se apunta que podría fijarse un descuento menor–, para trabajar a posteriori en una reforma para que la tasa grave a los vehículos en función de su antigüedad (normas EURO) o etiquetado de la DGT.
Más liquidez para las empresas
En el lado empresarial, el plan de choque incide en la necesidad de que se aplace la liquidación de impuestos a todo tipo de empresas y con independencia de su volumen de negocio [el Gobierno solo lo permite para pymes y autónomos con una facturación de hasta seis millones de euros para declaraciones cuyo vencimiento final sea el 30 de mayo]. No obstante, y si no fuera posible beneficiar a todo el tejido de compañías, las asociaciones matizan que, al menos, puedan entrar aquellas con unos ingresos inferiores a 200 millones de euros.
En relación a las cotizaciones, el planteamiento es que todas las entidades, sin discriminación por plantilla o cifra de negocio, puedan beneficiarse de una moratoria hasta final de año como mínimo, sin generar recargo de mora del 10% ni intereses. Y en cuanto al apartado de la financiación, se apuntan dos iniciativas: una línea de crédito ICO específica para las empresas de automoción (industriales y comerciales) y otra de avales para la adquisición de vehículos industriales, autobuses y autocares que cubra un mínimo del 50% del préstamo para la compra de unidades nuevas o de segunda mano de menos de cinco años de antigüedad.
Entrando en el capítulo laboral, se plantea que los ERTE de fuerza mayor se extiendan al menos durante todo el periodo de arranque de la actividad en el sector, es decir entre ocho y doce semanas; o que los de causas organizativas, que se presenten después de que finalice el estado de alarma, se puedan beneficiar de los plazos reducidos de los anteriores.
Impulso a la I+D+i
Finalmente, Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam también han trasladado medidas encaminadas a impulsar la inversión y en Industria 4.0. Como primera propuesta, piden que el Plan de Competitividad del Ministerio de Industria movilice préstamos al 0% del interés con un tramo no reembolsable de entre un 15% y un 20%, que admita inversión pura (no solo gastos y amortizaciones), que no exija garantías y que permita una retroactividad desde el 1 de marzo de 2020.
Otro frente que tocan es el de mejorar las deducciones fiscales de la I+D+i en el Impuesto de Sociedades, para que se amplíe el concepto subvencionable para la innovación en procesos [es mayoritaria entre las empresas en España] o se equipare el descuento que se puede aplicar al gasto en innovación, actualmente del 12%, al de investigación y desarrollo, en el que se puede contabilizar hasta el 25% del mismo.