La Audiencia Nacional ha dictado que la CNMC deberá reducir la multa a 16 concesionarios Opel que habían sido sancionados por fijar las condiciones comerciales de venta de los modelos Astra, Zafira, Insignia y Mokka, lo que supondrá recalcular una penalización que, en conjunto, sumaba 4.391.565 euros.
En estas sentencias, a las que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción, hay un caso particular que es el del distribuidor Centro Sur de Automóviles que, por falta de pruebas, se ha estimado completamente su recurso por lo que no tendrá que abonar los 85.652 euros dictados por Competencia.
En conjunto, el Tribunal ha tenido en cuenta, total o parcialmente, los recursos interpuestos por los 17 concesionarios Opel que habían reclamado. En total, habían sido multados 23 vendedores con un monto de 5,35 millones de euros, por establecer dos cárteles: uno en la Zona de Madrid, que incluía la provincia madrileña y Guadalajara, y otro en Galicia.
Papel clave de Ancopel
Ambas organizaciones ilegales tenían “homogeneidad en su comportamiento gracias a la participación de la asociación de concesionarios Opel, Ancopel –que ha sido multada con 15.000 euros y la AN no ha estimado su recurso–, y la contratación de la consultora ANT Servicalidad para el seguimiento de los acuerdos adoptados por los concesionarios de cada zona, realizando el control del precio de venta y de las condiciones comerciales”.
A juicio del Tribunal, los implicados “adoptaron una serie de acuerdos secretos para fijar niveles máximos de descuentos e intercambio de información comercialmente sensible, restringiendo la competencia”.
Para controlar que se cumpliera lo pactado, ANT supervisaba, a través de la visita de falsos clientes, las condiciones que ofrecían en cada concesión, para mensualmente enviar las ofertas recibidas por modelo de coche, “resaltando las incidencias” o los incumplimientos, que eran multados mediante una factura, con el fin de “acabar con la guerra de precios existente y homogeneizar descuentos máximos”.
Entre enero de 2011 y junio de 2013
Tal y como ocurría en el caso de la red del Grupo VW, desde los distribuidores de Opel señalan, por un lado, que la falta de competencia intramarca no perjudica al consumidor, puesto que pueden comprar un coche de otro fabricante, y también afirman que es la propia marca la que fija el precio de venta al público. Ambas cuestiones han sido desestimadas por la Audiencia Nacional, que ha certificado que existen prácticas propias de un cártel, en Madrid y en Galicia, entre enero de 2011 y junio de 2013.
Precisamente, en el aspecto de la fecha en la que se llevaron a cabo los actos ilícitos es donde la CNMC no habría estado precisa, por lo que la Audiencia considera, en 16 de los 17 casos que habían recurrido a su jurisdicción, que hay que recalcular el importe de la sanción porque no hay evidencias de que los puntos de venta formaran parte de la trama durante todo el periodo que estuvo activa.
Los concesionarios afectados son Seligrat de Automoción, Talleres Prizan, Agrogil, Motor Leyva, Autotodo, Turismotor, Motor Aluche, Gómez Platz, Motor Coruña, Bétula Cars, Comercial Autovía, Aceña, Motorkar, Cesmauto, Automóviles Urbieta y Alesa.
En todos los casos, tal y como ocurría en las sentencias de la red del Grupo VW, el magistrado Santiago Soldevila ha emitido su voto particular estimando que los expedientes han caducado lo que eximiría a los sancionados de las multas.
Además, hoy también han salido a la luz las sentencias de las marcas Hyundai y Toyota, con dispar suerte.
(Actualizada el 17 de julio de 2019, ante las nuevas resoluciones que afectan a Talleres Prizan, Motor Aluche y Aelsa).