Estas mismas fuentes explican que el Consejo no puede analizar unos supuestos “obstáculos” a la unidad de mercado cuando ni siquiera existen, debido a que la regulación balear en el momento en que Anfac presentó la reclamación —16 de enero— solo era un proyecto de ley. El 12 de febrero, el Parlamento regional la sacó adelante y su entrada en vigor está prevista dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.
Si la asociación quisiera volver a reactivar esta vía para conseguir un pronunciamiento, debería interponer, nuevamente, una denuncia, como puntualizan las fuentes ministeriales. La Tribuna de Automoción ha contactado con Anfac para confirmar la información y para conocer sus intenciones, sin embargo, ha preferido no hacer declaraciones.
Los fabricantes, en su comunicado de enero anunciando su respuesta a la ley, solicitaban al Consejo que propusiese “la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición” a la circulación de vehículos diésel en 2025. Una petición que, evidentemente, no ha sido atendida. Tal y como advertía esta publicación en su edición impresa de la primera quincena de febrero, el organismo dependiente de Economía, aunque respaldase los postulados de Anfac, no tiene capacidad de veto, puesto que sus informes no son vinculantes.
Fuentes del Consejo indicaron que, si se detectase un incumplimiento legal, se contactaría con el Gobierno de las Islas Baleares para tratar de consensuar una solución, pero, en ningún caso, el Ejecutivo estaría obligado a introducir una modificación normativa.
Aparte de la denuncia mencionada, la otra que presentó la asociación tuvo como destinatario la Comisión Europea. En este caso, Bruselas la ha admitido a trámite. No obstante, también se presentó antes de que la ley de Cambio Climático estuviese aprobada, lo que impedía al Ejecutivo comunitario pronunciarse. Fuentes comunitarias recalcaron a este medio que solo se pueden iniciar análisis con legislaciones en vigor.
