El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ya tiene ultimado el borrador de la orden de bases reguladoras del Plan Movalt, en el que se establece que el presupuesto con el que lanzará la segunda edición, que ascenderá probablemente a 66,6 millones de euros —siempre y cuando Hacienda acepte la transferencia de los 16,6 millones que corresponden a la Dirección General de Industria y de la Pyme—, se repartirá entre las comunidades autónomas en función de su población, según confirman a La Tribuna de Automoción fuentes de la Administración, que precisan que el montante más alto que recibiría una autonomía sería de en torno a 10 millones y que la gestión correría a cargo de cada una de ellas.
El nuevo programa que se está preparando, cuya orden de bases podría publicarse “a comienzos de 2019”, habilitará cuatro líneas de apoyo diferentes: una destinada a vehículos alternativos, otra a infraestructura de carga, otra a fomentar la implantación de servicios de carsharing de bicicletas y otra para promover la movilidad sostenible en las empresas. Todas deberán estar presentes en cada una de las convocatorias autonómicas, puesto que el IDAE determinará un mínimo exigible en cada apartado.
En relación a los incentivos a los coches —entre los vehículos incentivables estarán las motos eléctricas, aunque no se reservará para ellas dinero como el año pasado, cuando se bloquearon 600.000 euros—, la intención del IDAE es que la tecnología 100% eléctrica e híbrida tenga un mayor peso sobre el resto, por lo que se podría acotar un porcentaje del presupuesto para este tipo de propulsiones. El instituto, además, estaría pensando dejar cierto margen a las autonomías para que decidan la cuantía que recibiría cada una de las energías alternativas en función de las necesidades de cada territorio.
A pesar de que el organismo dirigido por Joan Herrera quiere dejar cierta libertad a las partes en el desarrollo de las ayudas, el espacio para ello será limitado, porque la orden de bases, a diferencia de lo que sucede habitualmente —suele regular los aspectos generales—, recogerá un mayor grado de concreción para que las convocatorias mantengan “cierta homogeneidad” y así se evite la posibilidad de que haya trasvases de operaciones entre regiones limítrofes.
En contraposición a los planes Movalt y Movea anteriores, los encargados de realizar las gestiones del nuevo programa serán cada uno de los beneficiarios y no los concesionarios. En la nueva edición del primero de los programas, al igual que sucedió con la primera, no habrá ayuda adicional de 750 euros para el achatarramiento cuando se adquieren vehículos de las categorías M1 y N1, debido a que su inclusión “complica mucho las gestiones”.
Instalación de puntos de carga
Una cuestión que sí variará entre las convocatorias es que los concesionarios ya no tendrán obligación de asumir hasta un máximo de 1.000 euros para la instalación de un punto de carga vinculado cuando se compre un eléctrico. Fuentes de la Administración indican que para beneficiarse de una subvención habría que recurrir a la línea de infraestructura.
Estas mismas fuentes declaran que hoy se celebrará una Comisión Consultiva del IDAE con las comunidades autónomas, en la que uno de los temas del orden del día serán las ayudas a las energías alternativas. En dicho encuentro los responsables del instituto podrían abordar cómo se encajará el Movalt con los incentivos que ya existen sobre esta misma materia en las autonomías. En los casos en los que ya esté en marcha un plan, podrán convivir ambos, mientras que cuando no esté activo ninguno y la comunidad tenga previsto destinar fondos propios para uno se podrán fusionar los presupuestos.
El organismo comandado por Herrera está a la espera del visto bueno de Hacienda para que se le transfieran los 16,6 millones de euros de Industria y así firmar el convenio con este Ministerio. Esta cuantía tiene un condicionante y es que en el Movalt no podrá destinarse a todos los beneficiarios, sino que tiene que mantener el esquema fijado en los Presupuestos Generales de 2018. Es decir, 6,5 millones deberían ser repartidos a las autonomías para familias e instituciones sin fines de lucro, 8,84 millones para empresas privadas, 1,1 millones para entidades locales, 80.000 euros para comunidades autónomas y 80.000 euros para sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal. Por su parte, los 50 millones del IDAE pueden repartirse sin limitaciones a las autonomías bajo el criterio de la población.
Al igual que en el plan de 2017, en las bases se dejará la puerta abierta a que se pueda ampliar el presupuesto mientras estén vigentes los incentivos. En este sentido, fuentes de la Administración explican que se podría dar continuidad al Movalt con los fondos que se asignen en los Presupuestos Generales de 2019, con lo que se evitaría la interrupción de las ayudas.
Ignacio Anasagasti / Madrid
