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El vicepresidente ejecutivo de Anfac, implicado en el caso del pago por asesorías al diputado del PP Martínez-Pujalte

La Tribuna de Automoción / Madrid

El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, quien dirige desde diciembre de 2011 la labor de lobby de la asociación española de fabricantes de vehículos, está implicado en el caso del pago por asesorías verbales al diputado del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, por parte de la empresa constructora Corporación Llorente (anteriormente, denominada Collosa), que ha sido señalada por la Agencia Tributaria como una de las beneficiadas por la trama de aprobación de parques eólicos en Castilla y León, según ha publicado hoy El País.

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El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, en el foro Anfac-PwC

La Tribuna de Automoción / Madrid

El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, quien dirige desde diciembre de 2011 la labor de lobby de la asociación española de fabricantes de vehículos, está implicado en el caso del pago por asesorías verbales al diputado del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, por parte de la empresa constructora Corporación Llorente (anteriormente, denominada Collosa), que ha sido señalada por la Agencia Tributaria como una de las beneficiadas por la trama de aprobación de parques eólicos en Castilla y León, según ha publicado hoy El País.

La compañía vallisoletana especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación, de la que Armero fue consejero delegado entre marzo de 2008 y febrero de 2010, contrató en octubre de 2008 al despacho de asesoría Sirga XXI Consultores, propiedad de Pujalte y de la senadora Ana María Torme (anteriormente, diputada por Valladolid), para labores de “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global, reportando al consejero delegado”, según publica el diario del Grupo Prisa, que añade que la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe que justifique los trabajos.

El contrato, de 5.000 euros al mes, se extendió durante un año y tres meses, ascendiendo en total a 75.000 euros. En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Pujalte, que tiene autorización del Congreso para ejercer en el despacho, ha precisado que cobró una iguala de 5.000 euros al mes, de la que luego había que deducir gastos, como “ayudante del señor Armero” en el proceso de reestructuración y desapalancamiento de la compañía, mediante “conversaciones” y “estudio de documentos” que él le pasaba. El diputado explicó que las relaciones contractuales se prolongaron “un año largo” y cuando Armero se fue su contrato se acabó.

“Me parece legal”, indicó el político a la pregunta de si le parece ético haber cobrado de esta empresa mientras era diputado. “Nunca acompañé al señor Armero a ninguna visita pública ni privada, nunca participé en un proceso comercial de la compañía ni público ni privado y nunca representé a la empresa”, sentenció.

En la información publicada por El País, se incluyen declaraciones de Pujalte en las que apunta que el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo y que los trabajos de su firma se centraron en el asesoramiento a Armero en relación a unos problemas de propiedad en la compañía, a los que el propio diputado atribuye como la razón para que no haya documentación que acredite el asesoramiento.

Desde Collosa se ha admitido, siempre según la noticia del periódico de Prisa, la existencia del contrato y se justificó que no exista documentación alguna de los trabajos señalando que “tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”, zanjó un portavoz de la empresa.

El embajador Trillo

Aparte de la asesoría verbal de la sociedad de Pujalte también se ha destapado otra (anterior a la llegada de Armero a Corporación Llorente) protagonizada por el actual embajador de España en Londres, Federico Trillo, a través de su empresa (posee el 70% de las acciones) Estudio Jurídico Labor, en la que se habrían percibido 354.560 euros.

El contrato con esta última compañía, que se firmó en febrero de 2006 y se prorrogó de “forma tácita” en 2007 y 2008 (finalizó en octubre de ese año), implicaba el pago de 9.000 euros mensuales con el objeto de “asesoramiento general y jurídico de la empresa”. El exministro de Defensa ha negado que tratara sobre obra pública y que los trabajos tuvieran que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de éstos. Asimismo, ha destacado que su actividad en su despacho estaba aprobada por el Congreso.

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