El presidente de Seat SA, Wayne Griffiths, ha señalado que las factorías de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) manejan, en estos momentos, «para 2026 y 2027 una previsión de mercado mucho más reducida» para la producción de los vehículos eléctricos urbanos, el Cupra Raval y el VW ID.2 en el primer caso; y el VW ID.2 X y el Skoda Epiq en el segundo, en comparación con los volúmenes que se calcularon cuando se presentó el proyecto de electrificación en España en marzo de 2021.
Según cifras a las que ha tenido acceso La Tribuna de Automoción, en el centro catalán se estimaban 298.998 y 298.948 unidades, respectivamente; mientras que en el navarro, 133.964 y 336. 987. No obstante, estos números se proyectaban con unos lanzamientos de los coches en junio y septiembre de 2025 para las instalaciones catalanas y en marzo y junio de 2026 para las pamplonesas.
Actualmente, el montaje en serie del Raval y Epiq arrancaría en marzo del año que viene y unas semanas más tarde el ID.2 y en torno a tres meses el ID.2 X.
A tenor del ajuste de actividad que se espera, Griffiths, que ofreció unas declaraciones a la prensa tras la firma hoy de la denominada Declaración de Casa Seat para impulsar la movilidad eléctrica en España —la han suscrito el Ministerio de Industria y los gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra junto a la compañía—, concretó que “habrá que adaptarse a esta nueva planificación”.
Los térmicos no podrán compensar «sin una flexibilización de CAFE»
En este sentido, preguntado por este periódico sobre si se podrá compensar la reducción de modelos cero emisiones con el ensamblaje de más Ibiza, Arona, León y Formentor, expuso que, «si no hay una flexibilización de las multas de CO2 [de la normativa CAFE de la UE], no. Justo al contrario, en caso de que bajen los eléctricos tendremos que bajar los de combustión para poder cumplir [los objetivos de emisiones]».
Acerca de esta cuestión, también se pronunció el presidente del Comité de Empresa de Seat, Matías Carnero, poniendo sobre la mesa el efecto de los aranceles del 20,7% sobre el Tavascan (SUV eléctrico fabricado en China en una planta del Grupo VW) en la actividad de Martorell. Así, puntualizó que «cuantos menos podamos vender en el mercado europeo […], si esto no mejora o se arregla, podemos tener una pérdida importante de empleo y volumen de coches [de combustión] a partir de 2026».
Dependiendo del nivel de tasas, el sindicalista detalla que el fabricante ha calculado un ajuste de «50.000 unidades», lo que sería «un palo duro para las plantillas».
500.000 unidades en Martorell y 300.000 en Navarra, «a largo plazo»
Más allá del recorte de las previsiones productivas para los small BEV en 2026 y 2027, el presidente de Seat aseguró que «a largo plazo seguimos manteniendo los objetivos» de hacer 500.000 unidades anuales en Martorell y 300.000 en Navarra «porque tendremos que recuperar la inversión». Unas metas que se habían fijado inicialmente para finales de la presente década.
La disminución de la actividad estimada con el coche eléctrico en España tiene que ver con la lenta evolución del mercado de los cero emisiones en Europa. «La industria de automoción está haciendo los deberes y nosotros estamos cumpliendo con las inversiones y las obras […], sin embargo, el mercado no arranca y estamos a medio camino», subrayó Griffiths, añadiendo que en 2025 el 25% de las ventas deberían ser VE en Europa cuando al cierre de 2024 se finalizó con un 13,6%.
«España está mucho más lejos, apenas superamos el 5% y no hay señal de mejora», sentenció el directivo británico, que reclamó a las administraciones «medidas urgentes para incentivar la compra con ayudas directas, impulsar la infraestructura de carga, renovar las flotas públicas [con la tecnología electrificada] y comunicar de manera proactiva las ventajas del eléctrico» de cara a que el país pueda convertirse «en un hub de electromovilidad».
Mismo objetivo, distinto color político
Una hoja de ruta que, precisamente, es a la que se han comprometido con la firma de la Declaración de Casa Seat el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria; el de Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, que estuvieron representados por el ministro Jordi Hereu y los presidentes Salvador Illa, Carlos Mazón y María Chivite.
«Todos compartimos el mismo objetivo de que España y Europa sean referentes en movilidad sostenible», a pesar incluso de tener «distinto color político», enfatizó Griffiths, que definió como «un paso clave» la alianza público-privada que se acaba de crear.
El documento que han suscrito la automovilística y las administraciones incluye la voluntad de trabajar en «incentivos eficaces para la compra de vehículos eléctricos, el impulso de la infraestructura de recarga, el uso del electrificado en las flotas públicas, la comunicación positiva sobre el VE y la creación de un grupo de trabajo para desarrollar las acciones», según se recoge en un comunicado de prensa.